3 millones de latinoamericanos tienen acceso a agua segura a través de la gestión democrática del agua

 

En América Latina más de 40 millones de personas de comunidades rurales y periurbanas intentan resolver el déficit de servicios de agua y saneamiento a través de la gestión comunitaria y democrática del agua. En la región existen más de 80.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), fundadas para gestionar el acceso al agua. Estudios del Programa de Agua y Saneamiento, adscrito al Banco Mundial, aseguran que este tipo de gestión tiene el potencial de cubrir al menos a otras 18 millones de personas más si contaran con el apoyo y reconocimiento de la sociedad civil, los Gobiernos y las empresas privadas.
Fundación Avina, junto con un número importante y creciente de aliados, trabaja para alcanzar la visibilización, reconocimiento, fortalecimiento y articulación de los esfuerzos comunitarios por el acceso al agua potable.

Organizaciones sociales, empresas y gobiernos se han sumado a la causa, así como cientos de aliados locales y miles de organizaciones comunitarias distribuidas en la región, incluida la recientemente formalizada Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS). Se fortalecen las capacidades para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas comunitarios de agua, a través del Programa de capacitación dirigido a líderes y lideresas comunitarios. El programa de capacitación ha sido construido en base a las mejores experiencias latinoamericanas en el tema y ya ha sido aplicado en al menos 11 países de Latinoamérica, en coordinación con Organizaciones Gubernamentales, la Academia, el sector privado y la sociedad civil.

Fundación Avina se esmera en sensibilizar a tomadores de decisión sobre el relevante rol que juega la gestión comunitaria del agua para el desarrollo de los países. Con actores concientizados, se viabilizan acciones concretas. Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades para la incidencia, ha permitido en algunos países como el Ecuador, que el sector comunitario participe de manera activa en la construcción de política pública sectorial.

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