Chile: Despachan proyecto de ley de Migraciones con sociedad civil disconforme por falta de participación en proceso

 

La presidencia de Chile despachó el lunes 21 de agosto, un proyecto de ley de Migraciones para modernizar la normativa existente en esa materia, no obstante, varias organizaciones de la sociedad civil, manifestaron su disconformidad por la falta de participación en el proceso de formulación de dicho proyecto.

La iniciativa tiene cuatro ejes: un sistema de principios, derechos y deberes; la regulación del ingreso, salida y las categorías migratorias; un procedimiento administrativo sancionatorio; y un sistema nacional de política migratoria, con el fin de evitar que las personas sean víctimas de redes de tráfico o de trata. Asimismo, establece un catálogo de causales de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional.

En En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, firmaron el documento.

La Gobernante afirmó que “Chile es un buen país para vivir, trabajar o estudiar. Por eso que va a  seguir llegando gente que anhela realizar sus proyectos en nuestra tierra, ya sea porque su país atraviesa por una situación crítica, ya sea por motivos personales. Y son migrantes que, en su abrumadora mayoría, vienen a sumarse al proyecto colectivo llamado Chile, a aportar con su esfuerzo y su honestidad. Y traen consigo sus capacidades y dignidad”.

En esta línea, aseguró que “la única forma de dar un marco que garantice el correcto encauzamiento de la migración, es contar con reglas claras. Queremos dejar atrás la migración irregular, porque es la puerta de entrada al abuso, de todo tipo, de chilenos y de extranjeros. Es la causa de la vulneración de derechos y la precariedad en muchos sectores laborales. Creemos que se puede equilibrar la exigencia del cumplimiento de los deberes con el reconocimiento de derechos de los migrantes”.

El Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, expresó en un comunicado público su desacuerdo, “Expresamos nuestra disconformidad y malestar con el proceso de formulación del proyecto pues no ha incluido el diálogo con este Consejo ni con las organizaciones e instituciones representadas en él.  Entendemos que la participación de la sociedad civil organizada es esencial para el fortalecimiento de la democracia. En este caso en particular es además condición para el éxito de la tramitación de la nueva propuesta legislativa y para garantizar que contemos con una legislación moderna, respetuosa de los derechos humanos de las personas migrantes, el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el Estado chileno y la necesidad de que se establezca una institucionalidad en forma de un Servicio Nacional de Migraciones”.

Por su parte, Pamela Ríos, gerente Programática de Fundación Avina dijo que “En Chile es absolutamente necesario legislar sobre Migraciones. Tenemos una legislación de los años 70 que no da ninguna respuesta a las necesidades presentes, por lo tanto es una buena noticia que se promueva un nuevo ordenamiento jurídico. Sin embargo en este momento se ha despachado un Proyecto de Ley que no ha considerado ningún diálogo ni participación de parte de las organizaciones de Migrantes o Pro-migrantes en el país. Estas prácticas atentan contra las propias bases de una sociedad democrática y hacen levantar sospechas sobre el contenido de una Ley que debe basarse en el reconocimiento de los Derechos de todas personas con independencia del lugar en que hayan nacido”

De igual manera, La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro-Migrantes emitió una misiva en la cual manifiesta “Rechazamos la forma en que el gobierno ha gestionado la elaboración del proyecto y su actual presentación como respuesta a disputas políticas más que a urgencias sociales. Lo anterior en base a la permanente postergación de su presentación y el desconocimiento de los aportes que las distintas organizaciones de la sociedad civil hemos hecho.

Sobre el proyecto de Ley

El proyecto de Ley, que considera la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, que será administrado por la Subsecretaría del Interior, tiene cuatro ejes: un sistema de principios, derechos y deberes; la regulación del ingreso, salida y las categorías migratorias; un procedimiento administrativo sancionatorio; y un sistema nacional de política migratoria, con el fin de evitar que las personas sean víctimas de redes de tráfico o de trata; proteger los derechos de las personas que migran a nuestro país y establecer un catálogo de obligaciones que deben cumplir, que van desde solicitar permisos conforme a la ley, entregar información fidedigna y comunicar su domicilio, manteniéndolo actualizado.

Establece, además, un catálogo de causales de prohibición de ingreso a nuestro territorio, entre otros, usar documentos falsos o adulterados, tener vigente una prohibición de ingreso, o haber sido condenados, tener juicios pendientes o estar prófugos por asociación ilícita, terrorismo, tráfico ilícito de drogas o armas, lavado de activos o trata de personas, entre otros.

En caso de infracciones graves, se instituyen causales que facultarán decretar la expulsión del territorio nacional, como infringir la prohibición de ingreso, presentar declaraciones o documentos falsos, realizar actividades remuneradas como turista sin permiso, entre otros.

Igualmente, propone una nueva regulación de los permisos de ingreso al país, con lo que quienes lleguen a nuestro territorio deberán solicitar permiso de acuerdo al motivo del viaje, ya sea como turista, visitante, de residencia temporal y cuando se cumplan los requisitos podrán optar al de residencia definitiva. También, protege especialmente la situación de los niños y niñas que llegan a nuestro territorio, independiente de la situación de sus padres.

Además, creará el Comité de Política Migratoria, integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien lo presidirá, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pudiendo invitar, en las materias pertinentes a otros ministerios. Este Comité adoptará la Política Nacional Migratoria, que será coordinada y ejecutada por el Ministerio del Interior. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerá el rol de Autoridad Migratoria en el Exterior.

 

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