InContext 79: ¿Cómo innovar en los sistemas de justicia para garantizar los derechos de los migrantes?

 

La migración es un fenómeno multicausal que puede darse de manera voluntaria o forzada. La primera se da cuando la persona migra, sin ningún tipo de coacciones. La migración forzada, por su parte, comprende aquellas situaciones en las que la persona se ha visto obligada a migrar porque su vida, integridad o libertad han sido amenazadas como consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o huyendo de un conflicto armado, de violencia generalizada, de violaciones sistemáticas a sus derechos, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, como desastres naturales o provocados por el ser humano. O simplemente porque la pobreza extrema y la falta de oportunidades pone en riesgo la subsistencia en un territorio o comunidad. También puede suceder que los individuos son transportados a través de fronteras sin su consentimiento, como es el caso de la trata de personas.

Imagen 1La Organización de las Naciones Unidas estima que para finales de 2015 hubo 244 millones de migrantes internacionales a nivel mundial,[1] lo cual representa un 3,3% de la población mundial. Se prevé que al ser un fenómeno multicausal, la migración, tanto a nivel interno como internacional, seguirá en aumento de manera progresiva durante las próximas décadas.[2] Del total de migrantes internacionales, en las Américas hay cerca de 63 millones migrantes internacionales.[3] En términos porcentuales, el 26% del contingente de migrantes internacionales a nivel mundial se encuentra en nuestro continente.[4]

En lo que concierne a migración forzada, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales del año 2014 hubo 59,5 millones de personas que se vieron forzadas a migrar como consecuencia de diversas causas que ponían en peligro su vida e integridad. El 64% de ellos (38,2 millones) se desplazaron internamente dentro de sus países, es decir que lo hicieron como desplazados internos.

Imagen 3La migración se encuentra tan vinculada a nuestra condición humana que ha sido ampliamente reconocida como un derecho humano fundamental en múltiples constituciones y tratados internacionales y regionales de derechos humanos. A pesar de lo anterior, el hecho de no ser nacionales de los Estados en los que se encuentran, sumada a la tensión constante entre el principio de soberanía estatal y la garantía efectiva de los derechos humanos, hace que los migrantes suelan encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En muchos casos, esta precarización de sus derechos se ve agravada dado que desconocen las leyes y el idioma de los países en los que se encuentran. En la actualidad, otro desafío para el migrante es la proliferación de movimientos racistas y xenófobos, que los culpan de un supuesto incremento en la criminalidad, de la pérdida de empleos o el empeoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores nacionales e internacionales.

Un desafío constante en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional tiene que ver con los serios obstáculos que estas personas enfrentan para acceder a la justicia y, por ende, disponer de recursos idóneos y efectivos contra las violaciones a derechos humanos. Lo anterior se evidencia en el amplio margen de discrecionalidad con el que muchas autoridades resuelven situaciones que involucran a estas personas o sus familiares, la inobservancia de garantías de debido proceso en procedimientos migratorios o de protección internacional, así como la insuficiente o inexistente protección judicial.   Además, la corrupción, la falta de voluntad política y el hecho de que las autoridades no actúen con debida diligencia para investigar, enjuiciar y castigar a quienes cometen estos actos contribuyen a un contexto de impunidad, que resulta en una escasa confianza en el sistema de justicia.

Organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales han coincidido en que existe una urgente necesidad de que los mecanismos judiciales tanto a nivel nacional como internacional garanticen el derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial a las personas migrantes cuando éstas han sido víctimas de abusos, delitos y violaciones a sus derechos humanos.

La garantía efectiva del derecho a acceder a la justicia y a la protección judicial de las personas migrantes, resulta particularmente relevante en momentos en que las políticas migratorias de algunos Estados de la región están más enfocadas en un abordaje de la migración desde un enfoque de seguridad nacional y contención de los flujos migratorios que una perspectiva de derechos humanos. Durante los últimos años, y en particular a partir de aumento de los flujos migratorios en la región, así como de la crisis de refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Guatemala y Honduras – y México, diversos Estados -sobretodo los de mayor desarrollo económico- han endurecido sus políticas migratorias a partir de una mayor utilización de medidas tendientes a: a) la externalización del control migratorio; b) la securitización de las fronteras; c) la criminalización de los migrantes, en particular de migrantes en situación irregular a través del uso generalizado de la detención migratoria y de deportaciones sumarias; d) limitar el acceso a procedimientos de protección internacional, en particular al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados.

No obstante, América Latina es una de las regiones que mas adelantada se encuentra en terminos de innovacion en las legislaciones y los sistemas judiciales para asegurar la protección de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, independientemente de su origen, destino y motivos para migrar. Uno de los avances y logros mas importantes en lo que se refiere a la protección de esta población, es la Declaración de Cartagena sobre personas refugiadas de 1984. En 2014, se da el proceso conmemorativo de “Cartagena+30” que promueve la reflexión regional sobre los retos en materia protección de refugiados y desplazados internos, esto ha implicado un ejercicio de visualización de las necesidades actuales de la protección internacional y ha permitido identificar soluciones.

En este sentido, el Plan de Acción Brasil es el proceso articulador a nivel de los Gobiernos de América Latina y El Caribe para generan acciones de trabajo para mantener los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas. Para dar seguimiento a la implementación del plan surge el Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GARPAB). Esta iniciativa reune a las de 30 arganizaciones de la sociedad civil de la región que trabajan para impulsar las propuestas y metas plantedas en el Plan de Acción.

Resulta indispensable por tanto que los órganos e instituciones encargados de impartir justicia tengan muy claro que por delante del ordenamiento administrativo de los países toma preponderancia la inalienabilidad de los derechos básicos garantizados a todas las personas, incluyendo las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como la protección judicial de sus derechos cuando estos han sido vulnerados. En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR ), la Relatoría sobre los Derechos los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) y Sin Fronteras, IAP han impulsado la PREMIACIÓN DE RECONOCIMIENTO A SENTENCIAS 2016, buscando destacar y valorar aquellas sentencias de jueces y magistrados que han servido para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, y han desarrollado o han basado su análisis legal en los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En el marco de esta premiación y con el objeto de profundizar la comprensión de las consecuencias directas e indirectas que tiene el acceso a la justicia y la protección judicial respecto de las personas migrantes, la Fundación Avina junto a la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México – CAMMINA[5] y las organizaciones mencionadas arriba, invitan a participar en el Webinar Sistemas judiciales innovadores: ¿Cómo asegurar el acceso a la justicia de las personas migrantes?, a realizarse el jueves 19 de mayo a las 10:00 hs de México. El Webinar contará con reconocidos expertos en la temática que ofrecerán diversas perspectivas relacionadas al valor de las legislaciones nacionales en la región respecto de la protección y garantía de los Derechos Humanos a todas las personas. Los expositores incluyen a Juan Carlos Murillo de ACNUR, Alvaro Botero del CIDH, Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Constanza Argentieri del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), y Fabienne Vennet de Sin Fronteras. El Webinar incluirá materiales de referencia y los participantes tendrán oportunidad para hacer consultas a los expositores.

Si desea participar del Webinar puede inscribirse aquí

Son muchos los desafíos que aún persisten para que los migrantes sean plenamente reconocidos como sujetos de derecho y por tanto para el goce efectivo de sus derechos humanos. En este sentido, lograr que los sistemas jurídicos se constituyan en garantes de sus derechos humanos supondrá un cambio paradigmático para que estos millones de personas que hoy en día reclaman con desesperación su derecho a seguir sus proyectos de vida, a sobrevivir o a huir de diversas formas de persecución.

Fuentes:

Notas al pie

[1]    Organización de las Naciones Unidas (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales: División de Población), Trends in International Migration 2015. 2015, pág. 1.

[2]    Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra de migrantes internacionales podría alcanzar los 405 millones de personas en 2050. Véase, OIM, Informe sobre las migraciones en el mundo 2010, pág. 3.

[3]    ONU (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales: División de Población), Trends in International Migration 2015. 2015, pág. 1.

[4] ONU (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales: División de Población), Trends in International Migration 2015. 2015, pág. 1.

[5] Una iniciativa conformada por la Fundación Avina, la Fundación Ford, las Fundaciones para una Sociedad Abierta y una Fundación anónima con el objetivo de desarrollar una estrategia regional enfocada en la migración de América Central, México y Estados Unidos.

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