Protesta social en Latinoamérica: ¿procesos fuertes con resultados débiles?

 

El mayor riesgo de aprender a manifestarse por una mejor institucionalidad es terminar institucionalizando la protesta. Las espontáneas manifestaciones masivas en redes sociales y las espasmódicas movilizaciones populares en el espacio público abren oportunidades de incidencia cívica y fuerzan voluntad política porque basadas en el factor sorpresa, toman desprevenidos a gobiernos y dirigencia. Pero recuperado el control de la situación por parte de los políticos cuestionados, la sociedad civil pierde capacidad de impacto y se diluye en la carencia de estrategias post protesta.

Desde el año 2011, Latinoamérica es escenario de numerosos reclamos sociales y sectoriales que alcanzan multitudinarias adhesiones y simpatías así como amplia cobertura mediática que masifica su alcance. Pero pasado el impacto inicial, pocas veces terminan incidiendo en las políticas públicas y concretando los cambios reclamados. Por el contrario, se integran a la interminable lista de reclamos sociales, se desnaturalizan al ser cooptadas por espacios sectoriales, se segmentan al ser apropiadas por expresiones políticamente sesgadas, se esfuman en enmarañadas negociaciones con burócratas profesionales, se dilatan en el tiempo hasta institucionalizarse perdiendo su carácter de contrapunto del statu quo, o se radicalizan en posturas violentas que terminan por perder legitimidad.

Latinoamérica protesta

En mayo del año 2011, los estudiantes universitarios y secundarios chilenos abandonaron las aulas, marcharon en las principales ciudades del país y generaron una de las mayores movilizaciones desde que se recuperara la democracia. La protesta tuvo como eje reclamar un cambio en el sistema educacional chileno, actualmente financiado en solo el 25% por el Estado, mientras que los propios estudiantes aportan el otro 75%. Para que un joven pueda cursar una carrera universitaria, una familia de clase media puede llegar a endeudarse de 15 a 20 años. El sistema educativo fue implementado durante el gobierno militar de Pinochet y reformado en 2009 sin introducir cambios profundos. El reclamo se concentra en acceso con igualdad de oportunidades a las universidades, aumento del gasto público en educación superior y democratización para permitir la participación de estudiantes en los órganos de administración. A nivel de la educación secundaria se solicita la derogación de la Ley General de Educación y una reforma constitucional para garantizar educación igualitaria, laica, gratuita y de calidad en todo el país. Las manifestaciones llegaron a reunir 200 mil personas en las marchas en Santiago y otras 200 mil en todo el país, paros en el sistema educativo y cerca de 600 establecimientos secundarios fueron tomados por los estudiantes, incluyendo huelgas de hambre. Las protestas, que fueron sumando a otros sectores, como a la Central Única de Trabajadores que realizó un paro nacional, fueron reprimidas por los carabineros, quienes fueron incrementando la violencia hasta que derivó en la muerte del estudiante secundario Manuel Gutierrez ocasionada por disparos de un miembro de esa fuerza de seguridad. En la última movilización de setiembre de 2013 en Santiago, se reunieron 80 mil manifestantes. Como hechos concretos, a tres años de iniciadas las protestas, el gobierno de Sebastián Piñera aumentó las becas y redujo el costo de los créditos que los estudiantes suscriben para poder pagar sus estudios y se vio forzado a cambiar dos ministros de Educación, pero no avanzó en la reforma integral que los estudiantes reclaman. Por su parte, la propuesta presentada por la candidata opositora y ex presidenta Michelle Bachelet, también encontró rechazo en los estudiantes, pues sostienen que no encara las reformas de fondo que necesita el sistema educativo.

Otra protesta vinculada a la educación, pero no protagonizada por estudiantes sino por docentes, se desató en México, cuando a principios de setiembre, por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso aprobó la ley del Servicio Profesional Docente, que contempla la evaluación regular y obligatoria de los maestros, situación que puede condicionar a esos resultados sus ascensos, incrementos salariales y permanencia en el puesto, además de disponer de la autonomía de gestión de las escuelas y un sistema de profesionalización de las carreras docentes. Durante las dos semanas previas al tratamiento del proyecto de reforma, miles de maestros protestaron en la Ciudad de México con bloqueos temporales a los accesos de las cámaras del Congreso, el aeropuerto y las principales avenidas de la capital mexicana. La nueva ley prevé que a partir de julio de 2014 todos los profesores deberán presentar un examen cada cuatro años, situación que según los docentes, será utilizada para generalizar despidos. La protesta, que comenzó siendo impulsada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de sancionada la norma, sumó a una veintena de gremios, incluido el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que reúne a 1,4 millones de afiliados, cuya líder Elba Esther Gordillo, fue detenida en febrero 2013 acusada de malversación de fondos. Las protestas en la actualidad se esparcen en más de medio país y solo en DF convocan a 30 mil docentes, que acompañan las movilizaciones con paros laborales que afectan a millones de estudiantes. El Gobierno impulsó la reforma asumiendo una postura dura y de baja negociación, a lo cual el movimiento de maestros respondió con la movilización más amplia que se haya tenido en el país. Al parecer, todo apunta a una negociación donde el Gobierno respetaría ciertos privilegios económicos a cambio de introducir cambios en el sistema de reclutamiento de plazas y en evaluaciones graduales que permitan reformar el magisterio sin despedidos masivos. Pero más allá de las negociaciones, el movimiento docente ha tenido dificultades en legitimar sus demandas y sintonizar con la sociedad ya que parte de ésta lo percibe como un reclamo de prebendas sectoriales y el Gobierno ha aprovechado para operar en un escenario social y cultural de tremenda desvalorización de la dimensión pública de la educación.

Colombia también se vio conmocionada en 2013 por un reclamo sectorial impulsado por los campesinos, que llevaron adelante una huelga nacional del sector complementada con cortes de rutas y bloqueos a los accesos de las principales ciudades, paralizando puntos del país por varias semanas. Los reclamos plantean la necesidad de avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También replantean derogar las leyes que han incentivado el despojo, legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. Además, el campesinado exigió nuevamente al Estado fijar precios de sustentación para la producción campesina, acceso al crédito y se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Luego de sostener la medida durante varias semanas, el gobierno anunció un Pacto Nacional y firmó acuerdos con los dirigentes campesinos, lo que permitió destrabar el conflicto. Pero recientemente, la mesa sectorial de Dignidad Campesina en Boyacá, Cundinamarca y Nariño se levantó de la mesa que se había establecido para hacer seguimiento a lo acordado el 6 de septiembre porque a cinco semanas de los anuncios gubernamentales y luego de numerosas reuniones, desde la evaluación de los dirigentes campesinos, no se habían logrado avances sobre los puntos firmados. “Respecto a las mesas temáticas de comercio exterior, deudas y créditos e insumos agropecuarios, no hubo ningún avance de acuerdo a lo pactado, sumado a que ni siquiera fueron instaladas oficialmente las mesas de medio ambiente, cereales, asociatividad y proyectos productivos”, informó la mesa sectorial en un comunicado. En estos momentos, los sectores del agro evalúan retomar las medidas de fuerza.

Pero no todas las protestas en América Latina persiguen reclamos sectoriales ni tienen protagonistas tan definidos como los casos señalados. En Argentina, a partir del segundo semestre del año 2012, tomaron la vía pública de las principales ciudades, multitudinarias manifestaciones canalizadas en los llamados cacerolazos, expresiones espontaneas que no responden a un líder identificado, que se autoconvocan a partir de las redes sociales y ganan las principales avenidas y plazas de las ciudades golpeando cacerolas como señal de protesta. Los cacerolazos lograron convocar a más de 2 millones de personas cuyas consignas eran muy diversas. Algunas pancartas pedían mejor calidad institucional, más democracia y libertad de prensa, mientras que otras reclamaban libertad cambiaria para adquirir dólares y corrupción cero. Las protestas, protagonizadas mayoritariamente por la clase media, no encontraron eco en el gobierno ni fueron capitalizadas por la oposición, pero en las elecciones legislativas que acaban de finalizar, el oficialismo, que en 2011 había obtenido el 54% de los votos, retuvo el 33%, perdiendo en los cinco principales distritos del país, justamente donde mayor nivel de adhesión habían logrado los cacerolazos.

Estas manifestaciones generalistas, encontraron su mayor escala en las que están ocurriendo en Brasil desde junio 2013 (abordadas en los InContext 1, 2 y 12)-, donde los reclamos de mejor salud, educación, menor inflación y más eficiencia de gestión y aplicación presupuestaria cuestionando el gasto del mundial de fútbol y los juegos olímpicos, despertaron una primera reacción de la presidenta Dilma Rousseff convocando a un plebiscito, pero transcurridas las semanas, esa iniciativa no prosperó. Sin embargo, las protestas continúan y la sociedad civil organizada presiona sobre agendas de mejor institucionalidad, pero con pocos resultados en materia de cambios sistémicos.

Algunas conclusiones

Siguiendo el análisis de los casos señalados, encontramos que los presidentes, al iniciarse los conflictos, en su mayoría superaban el 50% de imagen positiva, mientras que luego de las manifestaciones sociales se ubicaron entre el 38% y 21%. Sin embargo este indicador no parece generar el impacto necesario para promover que los gobernantes dispongan cambios sistémicos en las estructuras ni en las políticas públicas.

Las protestas son disparadas por diferentes motivos y por diversos segmentos sociales, como ser reclamos sectoriales como los liderados por los campesinos, los estudiantes o los docentes, o reclamos más generales de transparencia y freno a la corrupción, igualdad y mejor democracia. Los destinatarios de la protesta son los gobiernos y los sistemas políticos pero las consignas no parecen buscar una revolución o una salida apresurada de los mandatarios, sino una gestión de gobierno que sea capaz de dar soluciones a los problemas y necesidades de la gente.

La organización de estas manifestaciones se caracteriza por la autoconvocatoria e incluso, aquellas que son organizadas desde estructuras universitarias o sindicales, el apoyo intersectorial que reciben no responde a ninguna articulación previa. Existen también manifestaciones cuyo organizador o estructura de apoyo no asume visibilidad –como la iglesia en el caso de Colombia. No responden a partido político en ninguno de los casos.

El espacio de convocatoria es virtual por redes sociales y el de la manifestación presencial se da en la toma del espacio público –plazas y vía pública. La ausencia de espacios de la democracia participativa incorporados a la institucionalidad pública, hace que los procesos de reclamos sociales se sostengan pero sin asegurar incidencia en las políticas públicas.

Los desafíos de la sociedad civil

En un interesante artículo, Pablo Ortellado, profesor de la Universidad de San Pablo y miembro del Movimiento Passe Livre de Brasil, plantea la tensión que se presenta en las protestas sociales relacionada a sostener procesos y generar resultados.

Es necesario alcanzar un equilibrio entre proceso y resultado pues ambos están relacionados y son interdependientes. Un resultado sin proceso que garantice la ponderación de todas las posturas para llegar a una adecuada síntesis de contradicciones, genera sectores excluidos del acceso a las oportunidades. Al mismo tiempo, sostener procesos sin alcanzar resultados implica eternizar el proceso de demanda social sin mejorar la calidad de vida de la población.

Pero los casos señalados, desnudan otras tensiones que pueden observarse en las protestas sociales. La habilidad de movilizar multitudes no necesariamente significa contar con la masa crítica adecuada para incidir. Tener la capacidad de reclamar derechos no necesariamente implica tener claro el camino para acceder a oportunidades. Tácticas dirigidas a cuestionar a la autoridad no implican que se construya una estrategia que logre cambiar las relaciones de poder.

Las impactantes movilizaciones no están generando impactos concretos de transformación social. Daría la sensación de que existe capacidad para sostener procesos, pero poca habilidad para generar resultados y al mismo tiempo, se crean numerosas tácticas que impactan en la ostentación de fuerza (imagen pública) pero no responden a estrategias que modifiquen la detentación de poder (cambios en la institucionalidad o en la relación de poder).

Disociar procesos de resultados genera la misma consecuencia negativa que poseer abundancia de táctica y escasez de estrategia. Al evaluar los impactos generados desde los movimientos sociales, las bajas performances alertan sobre una realidad: a menudo, se presentan las dos situaciones señaladas, clara muestra de ausencia de una estrategia basada en resultados.

Para más información, escribir a: incontext@avina.net

Envío N° 13

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Fuentes

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