Minería Sustentable: El desafío de renovar la industria extractiva en América Latina

 

Nuestra región, con su democracia de frágil institucionalidad y sus altas tasas de pobreza y corrupción, es objeto de particular atención por los importantes recursos naturales que posee. En tal sentido, 13 países de América Latina y el Caribe figuran entre los 15 mayores proveedores de recursos mineros del mundo.

Chile es el primer productor de cobre, Brasil se encuentra entre los tres principales productores de hierro, México es el primer productor de plata, Bolivia es el cuarto productor de estaño y Colombia es el séptimo productor de níquel refinado. En su conjunto la región cuenta con 65% de las reservas de litio, 49% de plata, 44% de cobre y 33% de estaño del planeta. Entre 2006 y 2010 América Latina y el Caribe fue la segunda región con mayores reservas petroleras después de Medio Oriente y actualmente registra un tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca de 25% de biocombustibles y 13% de petróleo.

La región cuenta también con un tercio de las reservas de agua dulce, 48% de la producción mundial de soja y 21% de la superficie de bosques naturales. Sin embargo, a pesar de su riqueza en recursos naturales, históricamente los países de América Latina y el Caribe han tenido dificultades para lograr traducir la explotación y comercialización de productos primarios en procesos de desarrollo -y sobretodo progreso social- de largo plazo.

El punto de inflexión que presenta la economía como resultado de las crisis de 2008 y 2011, así como el ciclo favorable de precios internacionales que las exportaciones de hidrocarburos, minerales y productos agrícolas, pueden ofrecer, según los expertos de la CEPAL, “una nueva oportunidad para plantear en América Latina un profundo debate sobre cómo aprovechar la explotación y exportación de los recursos naturales para maximizar su contribución al desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental”

Se presenta entonces un panorama complejo y diverso en donde interactúan situaciones muy distintas pero que todas ellas aportan un grado adicional de dificultad: una creciente demanda internacional de algunos minerales y gas en enormes cantidades, obtenidos a los más bajos costos posibles; ingentes zonas naturales impactadas negativa y profundamente; países y localidades que necesitan menguar el desempleo acuciante y acrecentar sus respectivas economías; poblaciones que ven alterados sus derechos y estilos de vida ancestrales; poderes públicos poco eficientes o que aceptan condiciones en detrimento de intereses superiores como el cuidado del ambiente; legislaciones insuficientes o ineficaces en su aplicación.

Estado de conflictividad por recursos extractivos

Ante esta coyuntura de excesiva presión sobre un recurso limitado (suelo) demandado por diversos actores de la sociedad, los conflictos sociales se suceden en cantidad y con distintos niveles de intensidad, llegándose inclusive a episodios de violencia física. Además, frecuentemente, se involucran medios de comunicación social, organismos supranacionales y organizaciones de la sociedad civil apoyando a una u otra parte en disputa.

El conflicto se produce cuando la extracción desaprensiva provoca la degradación del ambiente chocando con los intereses de la sociedad (sobre todo a nivel local) y de los gobiernos que tienen la responsabilidad primaria e irrenunciable de velar por el bienestar general. Asimismo hay que recordar que este tipo de actividad siempre genera un alto impacto cultural en quienes habitan la zona, sobre todo cuando son pequeños poblados, parajes rurales, comunidades aborígenes, etc.

Según la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en América latina (OCMAL) se registran -a 2013- un total de 204 conflictos en 19 países de la región (6 de ellos son de carácter transfronterizo), los cuales afectan a 297 comunidades.

Distribución de los conflictos mineros en la región

fuente: www.conflictosmineros.net

La organización argentina Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales – OCRN da cuenta que en el informe “Sondeo Anual entre Empresas Mineras – 2013” del Fraser Institute (*) se denota que: “a nivel mundial, la oposición pública a la minería ha afectado los procesos de aprobación de proyectos en los cuales están directamente involucradas, apreciándose, además, que un 59,2% de ellas comparte la idea de que esa oposición es motivada con mayor frecuencia por razones ambientales y/o relacionados con la utilización del agua.”

El Sondeo Anual entre Empresas Mineras es un informe que recoge las respuestas recibidas de 690 empresas extractivistas (que en conjunto destinaron a prospección minera, sólo en 2013, la cantidad de 3.400 millones de dólares) con el objeto de determinar de qué manera influye la acción de un grupo de 15 factores (estabilidad política, regulaciones ambientales, infraestructura, seguridad, etc.) sobre la decisión de ejecutar operaciones mineras alrededor del mundo.

Sobre la base del porcentaje de encuestados que juzga si los factores referidos favorecen o limitan la inversión, el Fraser Institute confecciona cada año un ranking de las jurisdicciones (en esta oportunidad 112) que presentan las condiciones más atractivas para la minería. A efectos de este estudio, algunos países -con mayor complejidad regional- son analizados por jurisdicciones. Algunos ejemplos son los Estados Unidos, Canadá y Australia. En Latinoamérica Argentina es el único país que se estudia en base a las provincias mineras que la componen.

Entre los datos más destacables de este informe presentamos aquellos que guardan relación con América Latina. En base al ranking de 112 posiciones:

Hoy y los próximos años

Sin duda, falta avanzar mucho en la comprensión cabal de la situación y que la información y el conocimiento sean accesibles a los diversos y heterogéneos públicos. De cualquier manera, queda claro que los retos del bajo número de empleos generados, la alta intensidad energética exigida, la concentración de renta, la expatriación de divisas y la volatilidad del mercado de commodities se suman a los desafíos de impacto ambiental y social que se producen en los países extractivistas.

De continuar la tendencia actual, los escenarios de conflicto se multiplicarán y complejizarán, pues las demandas de productos generados en base a las materias primas mineradas seguirá acrecentándose, aun suponiendo que se expanda significativamente el consumo responsable. Se hace necesario entonces repensar la actividad minera; renovar el modelo de operación para que la transforme de una actividad altamente contaminante y perjudicial para las sociedades locales a una actividad empresarial que genere riqueza y bienestar de manera equitativa, pero sobre todo para las comunidades donde se produce.

No basta con avanzar hacia el desarrollo económico a costa de la seguridad y el bienestar de las personas y el ambiente, de la misma manera que no basta asegurar la calidad y salud del ambiente y las comunidades a costa de la desaparición de la minería. Sin duda necesitamos tanto del bienestar social y ambiental como de la minería (practicada responsablemente). Se torna entonces un desafío central para las sociedades latinoamericanas la transformación de los recursos naturales en bienes públicos o bienes útiles que generen bienestar para todos.

Durante lo que resta de este siglo XXI, hacer de la extracción de los recursos naturales un proyecto ético de creación de riqueza económica, ambiental, social y política es el gran desafío que tenemos todos los latinoamericanos como sociedad. Hacer esto posible requerirá de la acción de los tres sectores de la sociedad: Estado, empresas, comunidades y Organizaciones de Sociedad Civil. Ninguno de los sectores podrá hacer posible este proyecto ético en solitario.

(*): Fraser Institute: Thinktank canadiense con sede en Vancouver, cuya misión se define como: “medir, estudiar, y comunicar el impacto de los mercados competitivos y la intervención gubernamental en el bienestar de los individuos.” – www.fraserinstitute.org

Para más información, escribir a: incontext@avina.net

Envío N° 32

Fuentes

 

Licencia Creative Commons

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported

Aviso legal: El contenido de este informe no representa la posición institucional de la Fundación Avina sobre los temas abordados. Cuando sea necesario explicitar posiciones institucionales de la Fundación Avina, se las identificará expresamente junto a la fuente correspondiente.

Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Google+