Incontext 36: La mafiosidad gana terreno en América Latina (Parte II)

 

Continuando con el análisis del documento apoyado por el centro de estudios Woodrow Wilson Center elaborado en marzo de 2012, titulado “La rebelión de las redes criminales: El crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican” de Juan Carlos Garzón Vergara (ver InContext 35), ofrecemos las recomendaciones que el autor elaboró en función del diagnóstico y sus conclusiones.

Las diez recomendaciones que siguen, son un interesante aporte al desafío que plantea a la sociedad civil en general y a los gobiernos en particular el crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica.

El informe del Wilson Center realizado por Juan Carlos Garzón Vergara, además de ofrecer un esclarecedor diagnóstico de cómo el crimen organizado se consolida en América Latina, aporta diez formas de abordar estrategias para combatir al delito organizado en marcos de institucionalidad.

En ese sentido, el diagnóstico y las estrategias que ofrece el analista colombiano, tienen varias coincidencias o puntos de encuentro con las preocupaciones y temáticas que aborda la iniciativa de Innovación Política de Avina. En primer lugar alude a problemáticas que hemos identificado como existencia de brechas políticas, particularmente la brecha entre el acceso electoral y el ejercicio concreto del poder, donde los estados han mostrado serias dificultades en producir gobiernos efectivos para la provisión de bienes públicos, comenzando por la seguridad. También se destaca el dilema entre las estrategias de combate al crimen organizado y la dificultad del Estado por ampliar su presencia en zonas o territorios, lo que hace referencia a la brecha entre los llamados a recuperar el rol del Estado y sus capacidades reales.  Otra de las brechas centrales que hemos identificado se refiere al creciente despertar y activismo de la sociedad civil, pero reconociendo a la vez su déficit de efectividad para incidir en procesos y políticas, lo que se revela con claridad cuando se trata de dar respuestas a los contextos de inseguridad y violencia criminal.

Frente a tales desafíos, la Oportunidad de Innovación Política –gestada en procesos colaborativos entre Avina y sus aliados- ha diseñado una estrategia novedosa que proviene de la experiencia acumulada del contacto con las situaciones y procesos reales de los contextos. A través de tres programas o ejes de acción (fortalecimiento de capacidades estatales para el bien público; articulaciones democráticas en la sociedad civil frente a la violencia criminal; nuevos liderazgos y formas de hacer política), busca promover estrategias innovadoras para consolidar al estado democrático. Así es como en Argentina se desarrollan métodos innovadores para que la sociedad civil actúe de manera más efectiva en un contexto de creciente para-institucionalidad, donde el crimen organizado -y desorganizado- han incrementado su presencia y poder. En México se impulsan procesos colaborativos entre líderes y actores sociales y empresariales para desarrollar estrategias innovadoras de valorización del sector público y de la capacidad estatal para asegurarlo, produciendo indispensable gobernabilidad en democracia. En Uruguay se exploran procesos emergentes donde la sociedad civil ha revalorizado la acción política como vía para el cambio social, en diálogo con los distintos partidos políticos. En Brasil los recientes procesos de movilización social exigiendo reformas políticas nos animan a apoyar la idea de cómo las tecnologías digitales pueden contribuir a canalizar pacíficamente esas demandas y convertirlas en propuestas viables.

Desde Innovación Política hay un aspecto central y cada día más evidente: frente a los problemas complejos que destaca Garzón, las soluciones convencionales son limitadas y las estrategias de cambio político requieren de políticas de cambio, algo fácil de decir, pero un enorme desafío para la gestión política y estratégica del desarrollo sostenible y la seguridad humana. En la actualidad la práctica política –salvo contadas excepciones- es parte del problema y no de la solución; éste debería ser el punto de partida para repensar el mencionado desafío.

Se debería tratar de contribuir a la sostenibilidad de los procesos y transformaciones sociales acortando las distancias de reflexión y acción entre lo que significa hoy ser un sujeto social y un sujeto político en América Latina, en el marco de derechos humanos universales.  Avanzar en nuevos acuerdos sociales que revaloricen la acción política como un valor ético y necesario para la sostenibilidad y bienestar futuros. Justamente en una América Latina donde se agudizan los obstáculos que impiden crear sociedades más justas, como lo anota Garzón, aparece una oportunidad única de mejorar y afianzar la política y su ejercicio con altos estándares de monitoreo, derechos y responsabilidades ciudadanas, donde la política es un asunto público.

Las estrategias identificadas por el experto del Woodrow Wilson Center son un buen camino que bien valdría explorar, no sin antes sugerir que las propias estrategias requieren de métodos de implementación que estén lejos de miradas puramente tecnocráticas y más cercanas a la vida cotidiana de la ciudadanía y a una concepción integral del accionar del Estado para enfocar el tema de la seguridad.

Envío N° 36

Fuentes:

 

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