Las potencialidades económicas de los movimientos migratorios requieren legislaciones potentes

 

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Los movimientos migratorios que caracterizan a la región centroamericana comenzaron a registrarse antes de la conquista europea. Estos distinguían el estilo de vida de las poblaciones que ocupaban grandes extensiones y que se desplazaban en busca de alimentos y otros insumos para su subsistencia. Durante la colonización española, los sistemas sociales preexistentes sufrieron grandes alteraciones debido a la subordinación de territorios, cuando los representantes de la corona se asentaron en los centros de las ciudades y  las poblaciones originarias fueron desplazadas a  las periferias. Con la independencia y el establecimiento de los estados soberanos, se produjo una fuerte inmigración asiática, afrocaribeña y europea. También se produjeron desplazamientos por conflictos de tierra, alimentos y recursos básicos. Esta movilidad entre territorios sirvió de base para la formación de una cultura transfronteriza y una fuerza de trabajo móvil, ya sea voluntaria o a causa de coerción (trabajo esclavo) o violencia. Sin embargo, la migración no fue nunca una preocupación central de política pública ni ocupó lugares prioritarios en las agendas de Estado más allá de la adopción de medidas para atraer a ciertos grupos o controlar el ingreso de otros.

Los desplazamientos vinculados a la demanda y oferta de trabajo asalariada se iniciaron en el Siglo XIX con la integración de las economías nacionales a los mercados internacionales. No obstante, recién en el Siglo XX los flujos migratorios a causa de la búsqueda de trabajo toman gran relevancia. La movilidad de la fuerza de trabajo se convirtió en un emblema del proceso de transnacionalización de las economías. El proceso de integración regional inició en la década de los cincuenta y se afianzó en los ochenta pero, a pesar de los esfuerzos de integración económica, las migraciones y la movilidad laboral no figuraron como una preocupación de las políticas de gobierno.

Las migraciones en cifras

Según el Census Bureau (2012), aproximadamente cinco millones de centroamericanos se encuentran en situación de inmigrantes en diferentes países. Esto equivale al 12% del total de habitantes de esta región. Los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras representan el 83% del total de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos y se calcula que más de la mitad están en situación irregular.

Además, se estima que cerca de un millón de personas se movilizan en los corredores migratorios intrarregionales en América Central, es decir, en un desplazamiento sur-sur. La ruta más transitada ocurre desde Nicaragua y Panamá a Costa Rica, de Nicaragua a El Salvador  y de Guatemala a Belice y México. El 85% de estos inmigrantes regionales se concentran en Belice, Panamá y, sobretodo, Costa Rica, donde se encuentran más del 50% y provienen de Nicaragua y Panamá, principalmente. Los inmigrantes nicaragüenses se emplean en su mayoría en trabajos que demandan mano de obra barata en los demás países, aportando cerca del 80% de los inmigrantes de la región y de ellos, un 90% se emplea en Costa Rica. Adicionalmente contribuye con una cuarta parte de los inmigrantes en El Salvador y una quinta parte de éstos en Guatemala.

Durante los últimos años El Salvador se ha convertido en un destino de migraciones de relevo, es decir, lugares receptores de importantes remesas que atraen a trabajadores de Nicaragua y Honduras. No obstante, entre el 18 y el 22% de la población salvadoreña vive en EEUU.

Las migraciones se han constituido en un factor importante en la generación de ingresos para familias centroamericanas. Un mercado de trabajo desregulado contribuye a que ciertas actividades sean competitivas y que de otra forma no lo serían. Esto explica por qué la migración intrarregional ha tomado mayor relevancia y concentra al 20% de todos los migrantes. Se da con mayor intensidad entre países limítrofes y las principales ocupaciones se encuentran en el rubro de la agricultura, construcción y servicios (doméstico, turismo y otros servicios personales).

En general, los migrantes son mayormente jóvenes y mujeres. La edad promedio es de 30 años y el 68% tiene menos de 40 años. En Guatemala, la mitad de los inmigrantes registrados son menores de 20 años a causa de emigración familiar y provienen principalmente de El Salvador.  Casi el 53% de los inmigrantes a Guatemala, Costa Rica y El Salvador son mujeres. Este fenómeno nace en los años noventa a raíz de un mercado laboral para servicios domésticos, comercio y agroindustria.

La migración intrarregional también tiene como característica el bajo nivel educativo de las personas donde solo una quinta parte tiene estudios secundarios.  Esto reduce las posibilidades de una inserción laboral en mejores puestos de trabajo y a menudo terminan ejerciendo actividades poco calificadas y con gran desprotección laboral.  Muchas veces ni siquiera tienen acceso a derechos laborales básicos (pago de salarios de ley, jornadas laborales, vacaciones y aguinaldo) ni seguridad social. Si a esto le sumamos la condición migratoria irregular, los trabajadores y trabajadoras quedan totalmente al margen de las leyes laborales del país donde residen.

Marcos Normativos

Existen diversas causas de la migración, entre ellas, situaciones de exclusión social, violencia, acoso político, criminalidad, inseguridad y, sobretodo, desempleo. Las migraciones laborales intrarregionales operan como un mecanismo de compensación a los desequilibrios del desarrollo entre los países y entre regiones de países vecinos, así como de la existencia de demandas de fuerza de trabajo no satisfechas internamente en los países receptores.  Sin embargo, en la mayoría de los casos se reproducen las condiciones laborales precarias existentes en los países donde se originan las migraciones.

Uno de los problemas de fondo radica en que los países de la región no tienen capacidad para producir suficientes empleos asalariados ni ofrecer condiciones adecuadas de trabajo a su propia fuerza laboral. Los puestos disponibles no requieren de alta calificación y ofrecen sueldos por debajo del salario mínimo. Un tercio de la fuerza laboral centroamericana clasificaba como trabajadores/as independientes al final del año 2000. En su mayoría ocupaban trabajos caracterizados por la informalidad, precariedad y sin cobertura social o protección laboral. En Guatemala, por ejemplo, el 69.2% de los ocupados se ubica en el sector informal (Encuesta de Nacional de Empleos e Ingresos, 2013).

La ausencia o debilidad de instituciones de protección laboral y de políticas de empleo en los países centroamericanos fomenta la contratación irregular del inmigrante y condiciones laborales marginales. En comparación con los nacionales, los trabajadores migrantes enfrentan mayores riesgos de vulneración de derechos.

También es fundamental considerar que el incorporar a los migrantes en las políticas económicas y en las estrategias empresariales de los países de nuestra región genera beneficio para las naciones, las empresas y los migrantes. Los actores de todos los sectores, incluyendo al empresariado, deben comprender mejor cómo las empresas a nivel individual y colectivo son impactadas por los efectos de las migraciones .

Para aportar al desarrollo de políticas públicas en el ámbito de los mercados laborales intrarregionales, Fundación Avina sugiere considerar los siguientes argumentos:

Envío N° 38

Fuentes:

 

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