Incontext 48: El Rostro Político del Progreso Social

 

Al menos desde los años noventa, diversas publicaciones de organismos internacionales han destacado que la gobernabilidad constituye una condición esencial para el desarrollo, enfatizando la relevancia que juegan las instituciones políticas para el bienestar económico de los ciudadanos. Desde entonces la idea de la centralidad de la política para los procesos de desarrollo sostenible ha ganado un creciente reconocimiento en los debates internacionales sobre el desarrollo. Muestra de ello es el intenso activismo que han emprendido diversos actores globales (centros o institutos de investigación, fundaciones, thinktanks intelectuales y públicos) por incluir la gobernabilidad y particularmente la capacidad estatal como una meta en sí misma en el marco de la agenda de desarrollo post-2015.

La corriente más crítica y creativa ha señalado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenían un cierto sesgo apolítico, como si el desarrollo fuera simplemente una cuestión de buena voluntad y de ingeniería social, dejando de lado los factores políticos. Sí se integró una visión tecnocrática y extremadamente normativa anclada en el mantra de la “buena gobernabilidad”, asumiendo que la adopción de buenas prácticas y el trasplante de formas institucionales -sin importar mucho los contextos- conducirían a gobiernos de mayor calidad y efectividad. Al poco andar, se hizo evidente que la simple adopción de (re)formas que lucían bien en el papel (leyes, comisiones, regulaciones) o en el diseño institucional, no se traducían automáticamente en cambios sociales, de modo que se hacían cada vez más visibles las limitaciones de la teoría de cambio que se promovía desde los círculos de la cooperación internacional.

De manera que el argumento de la centralidad de la política para el desarrollo requiere de cierta revisión, comenzando por reconocer que la idea de la “gobernabilidad democrática” se presta a la confusión, ya que democracia y gobernabilidad son procesos relacionados pero diferentes. Por paradójico que resulte, es posible tener democracias políticas con baja gobernabilidad y también regímenes con dudosas credenciales democráticas, pero con un alto nivel y calidad de su gobernabilidad. América Latina ha sido escenario de estas múltiples posibilidades y aparentes paradojas; una región donde han arraigado las instituciones democráticas, pero donde la desigualdad se niega a ser desterrada, y donde se ha desatado una verdadera oleada de violencia criminal de múltiples signos. Existen gobiernos democráticamente electos que, una vez en el poder, ejercen la autoridad a su antojo y sobre todo muestran enormes dificultades para cumplir satisfactoriamente con sus funciones básicas. De manera que no sólo tenemos una brecha entre el acceso y la forma de ejercer, sino una brecha entre las formas institucionales y su funcionamiento real o su capacidad de implementar sus decisiones y políticas.

Progreso Social y Gobernabilidad

¿Qué significa todo esto para el Progreso Social de las naciones? ¿Es realmente importante la gobernabilidad para el progreso social? ¿Y qué componente o dimensión de la gobernabilidad tiene realmente mayor relevancia para el progreso social?

En un reciente documento publicado por el Overseas Development Institute (ODI), se explora si acaso el ciudadano promedio contempla la gobernabilidad cuando piensa en su vida cotidiana, y la respuesta parece ser un contundente sí, pero, para sorpresa de los analistas, la preocupación central no se focaliza en los ejes clásicos de transparencia y rendición de cuentas, sino en la capacidad del estado de producir gobiernos efectivos en la provisión de bienes públicos y servicios de calidad.

En el mismo sentido, hallazgos provenientes de una encuesta innovadora realizada por las Naciones Unidas (My World), que reúne la votación de más de 3 millones de personas en 194 países acerca de las prioridades del desarrollo, destaca que después de la importancia que se le da a la educación, la salud y el empleo, aparece la calidad de los gobiernos como un aspecto de alta prioridad. La preferencia por la efectividad de los gobiernos sugiere que la ciudadanía de a pie percibe que este componente de la gobernabilidad es fundamental para su bienestar y progreso social.

De ahí que los resultados del Índice de Progreso Social pueden dar pistas para identificar algunas de las claves políticas que podrían explicar el desarrollo y las diferencias en materia de progreso social de los países latinoamericanos y de otras regiones, sobre todo del Sur Global. Así como el IPS argumenta que el crecimiento económico no siempre conduce o implica progreso social, podríamos sugerir que no todos los componentes de la gobernabilidad tienen el mismo peso para producir progreso social. Antes de explorar algunos datos o posibles vínculos empíricos, se sugiere la centralidad de las ya mencionadas dos brechas políticas para comprender la dimensión política del progreso social:

Si bien la primera brecha es relevante para el Progreso Social, sobre todo en las dimensiones de “Oportunidad”, al parecer es la segunda brecha la que más impacto tiene en términos globales, y particularmente para las dimensiones de “Necesidades Humanas Básicas” (como en el caso de la seguridad personal), y los “Fundamentos del Bienestar” como el caso de la Salud y Bienestar)

La evidencia señala que aunque los componentes clásicos de la buena gobernabilidad son relevantes para el desarrollo, el mayor peso se lo lleva la capacidad estatal y los gobiernos efectivos.  Al margen de la complejidad de las mediciones, no es casualidad que –según el estudio Why state capacity matters for the post-2015 development agenda and how we should measure it?, publicado por el instituto Effective States and inclusive Development (ESID)- los países con mejores resultados en seguridad sean aquellos que han logrado desarrollar una capacidad estatal(*) para implementar sus políticas y cuentan con gobiernos más efectivos en la provisión de bienes públicos de calidad para todos sus ciudadanos.

Capacidad Estatal y Progreso Social

Haciendo el ejercicio de cruzar los resultados del Índice de Progreso Social tanto a nivel general como a nivel de las dimensiones de Seguridad Personal y Derechos Personales para los países de Latinoamérica podemos observar lo siguiente:

Graf 1

Con las excepciones de Venezuela y República Dominicana, los países que cuentan con una importante capacidad estatal logran niveles de progreso social por encima de la media de la región. Destacan sobre todo los casos de Chile, Costa Rica y Uruguay. En contrapartida, algunos países con niveles de capacidad estatal bajos (como Perú, México y Jamaica) lograron valores de progreso social por encima de la media, pareciendo debilitar de esta el nivel de correspondencia entre ambas variables.

Graf 2

Sin embargo, cuando ponemos el foco sobre la dimensión de Seguridad Personal, los tres países que distorsionaban la correspondencia caen por debajo de la media y/o no alcanzan valores suficientemente altos (60,00 o más) como para considerarlos satisfactorios. Chile, Uruguay y Costa Rica por su parte continúan manteniendo buenos resultados, mientras que Venezuela y República Dominicana obtienen los valores más bajos de la región para esta dimensión.

Graf 3

Finalmente, en relación a la dimensión Derechos Personales Chile, Uruguay y Costa Rica vuelven a obtener los puntajes más altos, mientras que República Dominicana y Venezuela los más bajos.

Aparte de los ya mencionados, otros países que siempre puntúan por debajo de la media son Colombia, Ecuador y Honduras. En este sentido, la correspondencia entre baja capacidad estatal y bajos niveles de progreso social parece ser más fuerte.

Sin dudas un tema muy interesante para darle seguimiento y generar más análisis basados en evidencias sólidas. Desde la agenda de Innovación Política, Avina apuesta por impulsar procesos colaborativos con organizaciones aliadas comprometidas en el desarrollo de nuevas estrategias y métodos que buscan cerrar las brechas políticas que más inciden en la calidad de vida y en la sostenibilidad de las democracias. En una frase, Avina apoya múltiples iniciativas colectivas orientadas a la dignificación de la práctica política con impactos que sean nítidos para valorizar lo público en América Latina.

(*): El estudio del ESID utiliza el indicador de eficiencia en la administración de los impuestos y tasas de la Institutional Profiles Database (2012)como la medida de la Capacidad Estatal. A fin de normalizar los criterios, utilizamos los mismos valores proveídos por el ESID para hacer las comparativas con el Índice de Progreso Social.

Envio Nro. 48

Fuentes:

 

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