Colombia inicia una guerra por la paz

 

Si bien las cifras hielan la sangre, el informe de más de 400 páginas del Grupo de Memoria Histórica no coagula. Pese a las miles de víctimas mortales de la violencia que diezmó familias enteras y a los millones de desplazamientos forzados que obligaron a miles de habitantes a abandonar sus pueblos, la sociedad civil colombiana nunca dejó de manifestarse, de reclamar por sus derechos, de peticionar a las autoridades, de organizarse para acompañar el dolor de las víctimas y de aferrarse a la paz para mitigar los efectos devastadores de la violencia.

Una violencia expresada, como lo describe el informe, en un prolongado conflicto armado de carácter, protagonistas y contextos cambiantes. Los autores identifican cuatro períodos en su evolución: “El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.”

“El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.”

“El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización.”

“El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado.”

La memoria colectiva convertida en acción de la sociedad civil

El Grupo de Memoria Histórica aporta en su trabajo diagnóstico, pero también sugerencias y orientaciones para la definición de políticas públicas que deberían ser consideradas por los gobiernos, para implementarlas, y por la sociedad civil organizada, para acompañarlas. Algunas de ellas son:

“Transformar la estructura institucional que ha sido diseñada para tiempos de guerra y lograr, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad, construir una institucionalidad propicia a los objetivos de la paz, aunque es evidente la vigencia del conflicto armado en el país.”

Esta institucionalidad debe asegurar la realización plena “de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, bases ineludibles para la superación del conflicto y la construcción de los cimientos propios de una sociedad democrática”. Este esfuerzo “presupone la garantía de participación de las víctimas y de los diversos sectores de la sociedad civil desde las regiones hacia lo nacional, lo cual adquiere relevancia para el fortalecimiento de la confianza entre el Estado y la Sociedad”.

Otras recomendaciones “parten de la premisa de que existe una relación dialéctica entre la naturaleza del conflicto armado y las estructuras de poder, sin la cual este conflicto no hubiera podido perpetuarse durante seis décadas. En este sentido, la configuración de un “Estado para la guerra” debe ser reemplazada, paulatinamente (…)”, por una “arquitectura para la paz” que debería reconocer “los esfuerzos realizados en los últimos años para crear un entorno favorable para la reparación integral a las víctimas y de transición hacia la paz.”

Derecho a la Verdad: “el derecho a la verdad es parte sustancial de la lucha contra la impunidad y de la prevención de nuevas violaciones de Derechos Humanos, en perspectiva de no repetición. Así, el reconocimiento oficial y social de lo que ha pasado (qué, por qué, quiénes, dónde, cómo) y la identificación de las responsabilidades por lo que ha pasado hacen parte del patrimonio público de una sociedad.” El documento recomienda: 1. Que el Presidente (…) en nombre del Estado colombiano, reconozcan la responsabilidad del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos vinculadas al conflicto armado (…) 2. Como insumo necesario para la realización del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, se recomienda al Gobierno Nacional dotar de recursos a aquellas entidades encargadas de preservar, proteger y dar acceso a los archivos (…)  3. Para garantizar el derecho a saber de las víctimas y de la sociedad, se recomienda fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (…) , 4. Que los líderes de los grupos armados reconozcan en nombre de su organización ante la sociedad en su conjunto, ante las víctimas, sus familiares y sus comunidades, su responsabilidad por las violaciones causadas a los derechos humanos, y pidan perdón por ellos a través de un acto dignificante. 5. Que los miembros de grupos armados ilegales contribuyan efectivamente a la consolidación de un proceso de transición, ofreciendo información para facilitar la ubicación de personas desaparecidas, la recuperación de las personas secuestradas, la identificación de zonas sembradas con minas antipersonal, (…)”

Derecho a la Justicia: “Dentro de los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y la reparación de las víctimas, uno de los deberes del Estado es el de prevenir e investigar oportunamente las violaciones a los derechos humanos para asignar responsabilidades y adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores. Así mismo, la garantía efectiva del derecho a la justicia de las víctimas es componente sustancial de la reparación integral y constituye la base sólida e ineludible para las garantías de no repetición.” Algunas recomendaciones propuestas son: (…) “8. …crear mecanismos como un Tribunal Especial y Temporal que se ocupe del esclarecimiento y sanción de los diferentes actores armados involucrados en el conflicto. (…) 9. En procura de avanzar en la consolidación de un proceso de transición que conduzca a la reconciliación, se recomienda garantizar a los perpetradores de conductas delictivas causadas con ocasión del conflicto armado, en todos los escenarios, el derecho al debido proceso y diseñar una política pública que permita poner en práctica medidas de rehabilitación, reintegración y apoyo psicosocial que faciliten su tránsito a la vida civil. (…)”

Derecho a la Reparación: “Para resarcir los daños ocasionados por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el derecho a la reparación se centra en dar respuesta a la integralidad de daños y perjuicios sufridos por las víctimas a través de medidas individuales y colectivas, tanto materiales como simbólicas. (…)”. Algunas propuestas concretas son: “10. (…), se recomienda al Ministerio de Salud y Protección Social (…), crear y desarrollar Centros Regionales de Atención Psicosocial, (…) 12. Se recomienda al Gobierno Nacional fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las entidades del orden nacional y territorial encargadas de implementar la Política Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.”

Garantías de no repetición: “Un reto fundamental en el tránsito hacia la paz es la consolidación de garantías de no repetición, entendidas como las medidas que el Estado debe adoptar para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones de sus derechos, tal como se establece en los principios internacionales. Incluyen reformas institucionales y medidas adecuadas que fortalezcan la legitimidad del Estado Social de Derecho y la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. Las garantías de no repetición usualmente están relacionadas con el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, y las reformas institucionales. Además, deben separar del servicio a los funcionarios implicados en graves violaciones de Derechos Humanos tras un procedimiento justo y transparente. (…)” El documento propone:  13. Se insta a los grupos armados ilegales a buscar soluciones políticas a la lucha armada y dejar las armas como garantía básica para la construcción de la paz y la garantía de no repetición. 14. Se insta a todos los actores armados al cese inmediato de las diversas prácticas de vinculación y reclutamiento ilícito contra niños, niñas y adolescentes. 15. (…) recomienda al Congreso de la República la prohibición por norma constitucional de todo tipo de legislación que conduzca a la delegación del monopolio de la fuerza del Estado en manos de particulares. (…) 17. Se recomienda al Gobierno Nacional identificar las lecciones aprendidas de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, con el propósito de garantizar procesos de reincorporación a la vida civil exitosos y sostenibles, tanto para los desmovilizados como para sus comunidades. (…) 24. Se recomienda al Gobierno Nacional y a las Secretarías de Educación y de Cultura, centros educativos y academia, a nivel nacional y territorial, integrar en sus programas y acciones capacitación en resolución no violenta de conflictos y competencias de mediación.”

Recomendaciones para la construcción de la paz: El Grupo ve como necesario “…ajustar, modificar y derogar aquella normativa que interfiera” con los objetivos de pacificación social.  (…) Durante décadas, el presupuesto del Estado destinado para la guerra se ha incrementado de manera significativa, lo que hace necesario, en una etapa de transición, desmontar paulatinamente esa tendencia hasta alcanzar el objetivo de diseñar y ejecutar un presupuesto para la paz y el desarrollo social. (…) Entre los temas a revisar, se recomiendan: a. La promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana. b. La planeación y el presupuesto nacional con miras a establecer prioridades de inclusión social, fortalecimiento institucional territorial, medidas hacia las víctimas, medidas para la reintegración efectiva de desmovilizados, medidas específicas para poblaciones de especial protección, entre otras. (…) e. El funcionamiento de la Fuerza Pública, con el fin de reorientar esfuerzos hacia la paz y ajustar su estructura a situaciones de posconflicto.
Al efecto, se propone, por ejemplo, la conformación de un comité de expertos civiles independientes que durante un año haga seguimiento a los resultados obtenidos con recientes reformas como la del fuero militar, con el objetivo de emitir un concepto sobre su pertinencia y efectividad. (…) Se subraya la importancia de la participación de las víctimas en el diseño e implementación de políticas públicas de reparación integral como un fundamento de su sostenibilidad. (…) 29. Se insta al Gobierno Nacional a integrar en la planeación nacional un mecanismo de reconstrucción integral de las regiones devastadas por la guerra que asegure la intervención y la presencia efectiva del Estado Social de Derecho (…)”

En este contexto, el trabajo del Grupo Memoria Histórica es un aporte al proceso de paz que impulsa el actual gobierno que debe inspirar a la sociedad civil a desarrollar la siguiente fórmula: M = 3 R.  Es decir, que para poder impulsar las recomendaciones que contiene el documento, la sociedad civil debería poder resignificar la Memoria (M) en Resistencia (para sostener los procesos de largo plazo que exigirá la creación de la institucionalidad necesaria), Resiliencia (como actitud para superar contextos hostiles y convertir los reveses en oportunidades) y Reivindicación (del rol de la sociedad civil en la construcción de una arquitectura para la paz en alianza con el estado).

Para más información, escribir a: incontext@avina.net

Aviso legal: El contenido de este informe no representa la posición institucional de la Fundación Avina sobre los temas abordados. Cuando sea necesario explicitar posiciones institucionales de la Fundación Avina, se las identificará expresamente junto a la fuente correspondiente.

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