InContext 67: Migracidio o desobediencia civil. Sin políticas públicas, las migraciones convierten la desesperación en muerte

 

Migraciones

Como muestran los datos antes mencionados, y a pesar de que en la academia y en las leyes se crean distinciones abstractas para clasificar las razones por las cuales las personas migran, son muchos los factores y dinámicas que explican la migración. Las personas migran de ciudad o de país porque buscan la reunificación familiar, viven cerca de las fronteras, buscan refugio al huir de un conflicto armado, derecho a la movilidad, estudio, matrimonio, y otras razones. Hoy una persona puede migrar por una combinación de variables relacionadas a un conflicto armado reconocido internacionalmente, como la tragedia que hoy vive el pueblo Sirio. Mañana esa misma persona o familia puede migrar por motivos de trabajo, familiares u otros. Como las políticas públicas no reflejan la realidad de los flujos los migrantes, defensores de derechos, la sociedad civil y algunos gobiernos optan por buscar la categoría que más les convenga para moverse internacionalmente de manera documentada.

Las políticas migratorias deberían responder a la realidad de los flujos y sus dinámicas y no a abstracciones obsoletas. De acuerdo a la ACNUR, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, constituye la fundación de la protección internacional de los refugiados. La Convención define quién es un refugiado y establece una serie de derechos, además de las obligaciones de los Estados. El Protocolo de 1967 retiró las restricciones geográficas y temporales de la Convención. Esto significa que en más de cuarenta años el mundo globalizado está operando con la lógica de la Segunda Guerra Mundial que segrega a un tipo de migrantes de otros. En América Latina hemos expandido lo acordado en esa Convención para proteger a víctimas de la violencia (no necesariamente asociada a guerra de movimientos), menores y víctimas de eventos causados por el cambio climático como lo demuestran las declaraciones de Cartagena (1984) y la de Brasilia (2014), así como el protocolo iberoamericano de acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.

El debate sobre cómo expandir la definición de refugiado, o no, es profundo y no es el objeto de este artículo. Simplemente ilustra cómo las políticas públicas no reflejan la realidad de los flujos migratorios. La crisis en Siria y la migración de tránsito que pasa por Turquía para intentar llegar a Alemania y otros países de Europa habla de refugiados porque esa es la mejor oportunidad política y legal para exigir su protección. ¿No podríamos argumentar lo mismo con relación a los Centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia y olvido?

Aunque solicitar refugio puede funcionar en situaciones como la de Siria, las políticas de asilo y refugio tienen límites en el número de personas que pueden aceptar y se tornan insuficientes. Es necesario, además de atender las permanentes crisis humanitarias que sufren los migrantes, rediseñar el marco regulatorio de la migración internacional para que refleje la realidad de los flujos mixtos y evite a toda costa la detención, la separación familiar, la segregación, y otras formas de violaciones de derechos humanos y garantice el acceso al debido proceso. Dada la falta de respuesta de los organismos nacionales e internacionales, algunas ciudades, la sociedad civil y especialmente los migrantes han optado por la desobediencia civil como mecanismo para exigir un sistema y políticas más justas.

La migración como desobediencia civil

La migración involuntaria y forzada de millones de personas en el mundo debe ser atendida con políticas globales, coordinadas, que respondan a las necesidades de los flujos migratorios y no como hasta ahora, que desde una lógica de considerar a esos flujos como migración ilegal, apuntan a forzarlos para que se ajusten a normas que arrastran al migrante a la desobediencia civil. Si los estados interpretaran el ingreso irregular a un país como un acto de desobediencia civil en una dimensión transnacional, se avanzaría en la posibilidad de redimir su ilegalidad y reconocer su potencial legitimidad.

El concepto de desobediencia civil según el jurista Norberto Bobbio es una “forma particular de desobediencia que se hace acto con el fin inmediato de demostrar públicamente la injusticia de una ley y con el fin mediato de inducir al legislador a cambiarla”. Definición a la que merece la pena sumar las ya clásicas de Howard Zinn: “violación deliberada de una ley en virtud de un proyecto de vital interés social” y de Hugo A. Bedau: “acto ilegal, efectuado de manera pública, no violenta y consciente con la intención de frustrar una de las leyes, políticas o decisiones del gobierno”.
¿Pero qué significa la desobediencia civil aplicada a los flujos migratorios? Es una posición que frente a las políticas represivas y de violación de derechos que significa considerar a los migrantes como ilegales, busca promover incidencia en normativas y políticas públicas que garanticen en los flujos migratorios el acceso a la dignidad humana.

Decálogo de la desobediencia civil
El filósofo estadounidense John Rawls sintetizó en diez rasgos las características de un acto de desobediencia civil legítimo y José Luis Rocha, investigador nicaraguense del Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica (SJM) los aplicó a las situaciones que enfrentan las personas que migran:

La desobediencia civil como acto de supervivencia

Existen históricos desobedientes como Henry David Thoureau o Martin Luther King. Pero también se puede encontrar, como lo señala José Luis Rocha en su artículo titulado “Migrantes en camino, iglesias en desobediencia civil”, que los migrantes no están solos en su actitud de confrontar con las leyes para dejar al descubierto la falta de políticas públicas migratorias, sino que son apoyados por instituciones.

Como por ejemplo, señala Rocha, en Nogales, ciudad de 235 mil habitantes partida por la línea fronteriza Nogales-Sonora en México y Nogales-Arizona en Estados Unidos. Más de 21 mil personas en Estados Unidos y “el resto” en México, separados por una valla que se presume infranqueable. Del lado mexicano, a casi un tiro de piedra de la garita Mariposa -un puesto de ingreso y salida en la frontera- está el comedor donde las Hermanas Misioneras de la Eucaristía y los Jesuitas dan comida a los migrantes dos veces al día. Es el comedor de la Iniciativa Kino para la Frontera que coordina el sacerdote jesuita Sean Carroll.

A este espacio, pueden sumarse tantos otros comedores, la parroquia y albergues de Ciudad Juárez, las tantas posadas a uno y otro lado de la frontera, son oasis que hacen posible el diario desacato de las leyes migratorias y que renuevan las energías y esperanzas de los migrantes. Al frente de estos espacios de desobediencia civil están religiosas, sacerdotes, pastores, creyentes católicos, cristianos y también no cristianos que trabajan desde las iglesias, las ONG y las universidades. Son curas y monjas, presbíteras y pastores, imanes y rabinos. Son las catequistas y los fieles más activos, como los describe Rocha.

Cambios sistémicos y globales

El desafío que se plantea a partir de la imagen del cadáver de Aylan consiste en que los gobiernos conviertan la indignación social global en responsabilidad gubernamental globalizada y la foto sirva para cambiar la película.

Hasta el momento, la tendencia es que Europa cada vez rechaza más solicitudes de asilo. En 2008 se recibieron 87.175 aplicaciones de las cuales fueron rechazadas el 78% (68.035). En 2014 la cifra trepó a 134.885 solicitudes siendo rechazas 109.480, el 82%.

Si bien el aura de Aylan provocó que Grecia recibiera a más de 23.000 personas en la primera semana de setiembre, lo que representa un aumento del 50% respecto a la anterior, según una estimación divulgada por Frontex, la agencia europea de fronteras, o que las autoridades alemanas registraran 104.460 solicitudes de asilo solo en agosto, que se suman a las 300.000 recibidas desde principios de año, todavía se está lejos de consolidar políticas y sistemas integrados que garanticen los derechos humanos de los migrantes.

Si los gobiernos no avanzan en cambios sistémicos y globales, frente al migracidio provocado por la falta de políticas que garanticen los derechos humanos básicos, la desobediencia civil de los migrantes no se torna una conducta de rebeldía sino un acto de supervivencia y el apoyo de instituciones a esa desobediencia, no es complicidad con el delito sino una acción de ayuda humanitaria. Falta ahora que así lo interpreten los gobernantes.

Fuentes

 

Envío Nro.  67

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