InContext 87: La tecnología pone en jaque los monopolios, la discrecionalidad y la intermediación

 


 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) puestas al servicio de la ciudadanía, tienen un efecto disruptivo en la forma en que se genera, gestiona y distribuye la información. Cuando se las utiliza para masificar el libre acceso a la información pública rompen con la discrecionalidad de los gobiernos para comunicar sus decisiones, acciones y sus resultados. Cuando las TIC ayudan a articular a los ciudadanos en torno a causas eliminan el rol de intermediario que ejercen las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando se las utiliza para que cualquier persona pueda visibilizar datos y hechos debilitan el monopolio de acceso, gestión y distribución de la información del cual gozaban los medios de comunicación. La tecnología obliga a instituciones y profesionales a un profundo replanteo de su rol y formas de colaboración para continuar agregando valor a la sociedad.

Gobierno Abierto y de acceso democrático

El libre acceso a la información pública es el primer paso hacia un gobierno transparente, pero no es el único. Solo cuando el ciudadano adquiere la capacidad real de generar, gestionar, distribuir y consumir información de interés público para mejorar su calidad de vida es que se cierra el círculo y se convierte a los datos y hechos en conocimiento. Este es el caso del uso de la tecnología para democratizar el acceso a los datos de salud en Uruguay.

En ese país, el Seguro Nacional de Salud (seguro médico obligatorio) está a cargo de empresas privadas además de las públicas. Al no existir una institución estatal centralizada que preste este servicio, los ciudadanos pueden optar por la empresa que mejor responde a sus necesidades y preferencias, lo cual supone una ventaja competitiva tanto para el ciudadano (que elige la opción más adecuada para sí y su familia) como para el prestatario (que cuanto mejor servicio ofrece más clientes capta y fideliza). Para favorecer la libre competencia, el Ministerio de Salud Pública puso a disposición de cualquiera que lo solicite los datos de las empresas prestatarias, junto a los reportes y las opiniones sobre la calidad del servicio que prestan. Los usuarios del sistema pueden verificar estos datos una vez al año y tienen la posibilidad de cambiar de proveedor de seguro sin otro pre-requisito que solicitarlo.

Inicialmente, la información sobre las empresas prestadoras de salud solo era accesible en formato físico (papel), y se encontraba disponible en una dependencia del mencionado ministerio. No fue hasta la implementación de una política de gobierno electrónico que fue posible acceder digitalmente a los reportes (en formato de datos abiertos), facilitando el acceso a los mismos y permitiendo analizar las tablas estadísticamente para encontrar al proveedor ideal. Sin embargo, esto no solucionó la cantidad de habilidades técnicas y conocimientos que necesitaban poseer los usuarios para establecer comparaciones entre las diversas opciones disponibles. Se trataba de una habilidad restringida a ciertas profesiones y a ciertos sectores académicos. En la práctica, el acceso a esta información –aun siendo abierta al público- era limitado: hasta el año 2014, de un total de 1.500.000 ciudadanos que utilizan el seguro médico obligatorio en Uruguay, solo unas 500 personas por año solicitaban información en el ministerio.

No fue hasta el 2015 que -gracias a una colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y la organización social D.A.T.A., con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) y el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas– se desarrolló una tecnología cívica llamada ATuServicio.uy, que efectivamente democratizó el acceso a la información sobre las empresas prestadoras de servicios de salud. ATuServicio.uy analizó comparativamente a las prestadoras de salud, puso a disposición de los usuarios la información de manera clara y comprensible y como resultado se elevó el número de consultas anuales a más de 60.000. Existe evidencia de que las tablas comparativas han tenido una incidencia verificable en reducir el costo de algunos de los servicios prestados, demostrando el efecto positivo en la competitividad que genera el acceso democrático a la información

De esta manera, la tecnología cívica potenció la alianza entre gobierno y sociedad civil para que la discrecionalidad en el manejo de la información se transformara en información pública que genera conocimiento colectivo y una ciudadanía informada capaz de optar por aquello que mejora su calidad de vida.

Transparencia gubernamental a pesar de gobernantes opacos

No obstante, no siempre la democratización del acceso a la información pública se construye desde la propia acción del gobierno. Casos como el de Uruguay reflejan un compromiso con la transparencia que no siempre se produce. En México, por ejemplo, gracias a la política de gobierno abierto -desarrollada un lustro atrás- el libre acceso a la información pública ha favorecido una mayor transparencia gubernativa, que desafortunadamente no ha sido aprovechada por todos los gobernantes para luchar contra la corrupción. En estos casos, el uso de la tecnología puede ayudar a entender que una mayor transparencia beneficia a todos, incluidos los propios gobernantes. Este es el caso de la Transparencia en Publicidad Oficial.

En un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la población y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades. Por este motivo, la publicidad oficial debe sustentarse bajo los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación. A pesar de ello, en México la publicidad oficial se ha constituido en un mecanismo imperceptible para restringir el flujo de ideas e información. Se ha convertido en una de las principales formas de censura sutil.

La falta de criterios claros y objetivos, así como lagunas en el marco regulatorio para la distribución de la pauta gubernamental permitieron que la relación entre algunos entes de gobierno local, estatal y federal y los medios de comunicación se viera afectada estructuralmente, al punto de que aquellos medios que dependen económicamente del gobierno para su sostenibilidad ya no son fuentes de información creíbles.

Para desactivar este círculo vicioso de compra de silencios con fondos públicos, Fundar, Artículo 19 y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el apoyo del Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas, se aliaron para: a) diseñar los estándares nacionales para divulgación de datos sobre uso de fondos públicos para publicidad, b) desarrollar la plataforma cívica Publicidad Oficial, y c) para impulsar adecuaciones a la Ley General de Publicidad Oficial que tornaran obligatorio para todos los estados de México reportar sus gastos con el estándar y la plataforma desarrollados. El impulso de estas acciones ha generado un espacio de transparencia pública que combate la censura indirecta y contribuirá a asegurar la libertad de expresión en el país.

Sociedad Civil auto-organizada

La tecnología también puede ayudar a re-organizar la sociedad civil para ser más eficaz en el impulso de sus causas y reclamos. Un claro ejemplo de esto es el uso de plataformas sociales para apoyar a las personas cuyo trabajo consiste en denunciar y perseguir actos de corrupción, tal como sucedió con el fiscal José María Campagnoli en Argentina.

A mediados del año 2013, el fiscal Campagnoli fue suspendido en sus funciones y se le inició un juicio político bajo la acusación de mal desempeño en sus funciones. La denuncia no estuvo exenta de tinte político, pues en aquel momento el mencionado fiscal se encontraba investigando al empresario Lázaro Báez como supuesto testaferro del ex presidente Néstor Kirchner y como uno de los principales implicados en lo que se conoció internacionalmente como la Ruta del Dinero K, una trama de lavado de activos financieros atribuida al entorno presidencial de los gobernantes Cristina y Néstor Kirchner.

Ya en 2014, a siete meses de la suspensión y a punto de consumarse su remoción permanente a través del juicio político, un ciudadano preocupado por la independencia del Poder Judicial creó una petición en el sitio Change.org con la intención de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declarara persona ilustre al fiscal Campagnoli como contrapunto público de la persecución que estaba sufriendo por investigar al poder político.

Gracias a la plataforma tecnológica, este ciudadano -invirtiendo tan solo 18 horas a lo largo de un mes- reunió más de 100.000 firmas y contribuyó para que la Legislatura otorgara la distinción. Un mes después, no se avanzó con el juicio político y el fiscal Campagnoli fue restituido en sus funciones. En la actualidad, Lázaro Baez se encuentra en prisión esperando por el juicio oral donde se tratarán los delitos investigados por Campagnoli.

La tecnología usada como herramienta para la participación cívica permite que la sociedad civil se auto-convoque en torno a causas y se movilice para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de sus gobernantes. Estos avances tecnológicos hacen que la intermediación de las organizaciones sociales ya no sea imprescindible para incidir en la vida pública. Ello las obliga a repensar la forma en que agregan valor a partir de la incorporación de la tecnología a sus prácticas y entender cómo continuar impactando offline (es decir presencialmente en las instituciones públicas) y al mismo tiempo intervenir online (es decir virtualmente a través de redes sociales o aplicativos).

Libre acceso al monopolio de la información

Otro sector que debe repensar su rol es el de los medios de comunicación. Las TIC convierten al ciudadano (munido de un teléfono celular, una memoria USB o una cámara fotográfica) en un productor de información de interés público.

Son frecuentes los relatos periodísticos que ya no son producidos por los medios. Cuando los medios independientes fueron cerrados por el gobierno, los ciudadanos venezolanos fueron los que ilustraron la violencia de las represiones policiales y para-militares durante las continuas manifestaciones en favor de la democracia en dicho país con sus cámaras fotográficas.  Fueron también los habitantes de la ciudad de Ferguson los que dieron visibilidad a la brutalidad con que la policía de esa ciudad trataba a sus ciudadanos afroamericanos por el simple hecho de pertenecer a un grupo étnico.

Este hecho demuestra que los periodistas tendrán que ser mucho más creativos para generar noticias que sean desconocidas por el lectores, oyentes, televidentes o usuarios de redes porque gracias a los avances tecnológicos, a la circulación masiva y al acceso público a la información, los contenidos ya no son generados solamente por los medios tradicionales de comunicación y los periodistas perdieron el monopolio de acceso a datos o a hechos que ostentaban hasta ahora.

La tecnología como oportunidad

Si queremos seguir progresando hacia sociedades más justas, equitativas y transparentes los gobiernos, periodistas y organizaciones sociales deberán incorporar la tecnología de la información y las comunicaciones a la institucionalidad democrática, a sus prácticas profesionales y a sus impactos sociales. No se puede alcanzar la deseada sustentabilidad en sociedades digitales con instituciones y prácticas analógicas.

Los desafíos que enfrentan los actores públicos para contar con políticas de acceso a información pública y bases de datos abiertos que sean fiables son al mismo tiempo oportunidades para demostrar que la tecnología relativiza el valor actual de los sectores que hasta ahora han gestionado discrecionalmente la información, y les ofrece la posibilidad de aumentar su credibilidad y legitimidad de gestión incorporando la tecnología a sus prácticas lo que tornará al acceso a la información en más justo, equitativo y democrático.

 

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