InContext Webinars: Buenas prácticas dan esperanza para avanzar con acceso a la justicia para personas migrantes y refugiados

 

Las buenas prácticas en la región latinoamericana por el acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional están avanzando y motivan para que el debate, la reflexión y la acción en los sistemas judiciales  mejore frente a los enormes retos en materia de violaciones de derechos humanos.

“Es evidente el reto del acceso a la justicia para las personas migrantes y sujetas de protección internacional en todo el continente especialmente en espacios que normalmente no están siendo considerados como ámbitos de justicia tales como: deportaciones, detenciones, los procedimientos de determinación de la condición del refugiado, apátrida o de protección complementaria además otros temas de acceso a la justicia en materia de derechos económicos, culturales…

Pero, “hay buenas experiencias que hay que hacerlas virales como iniciativas de sociedad civil de impulsar legislación, de hacer funcionar las legislaciones y el sistema de justicia de representación y asesoría a migrantes y también de litigio estratégico, estrategias compartidas de espacios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ejemplos de un mayor involucramiento de procuradores de justicia, modificaciones,  desarrollo de protocolos y sentencias” sintetizó Fabianne Vennet, de Sin Fronteras y moderadora tras una puesta de reflexiones de destacados panelistas el jueves en el primer Incontext Webinars “Sistemas Judiciales Innovadores ¿Cómo asegurar el acceso a la justicia de personas migrantes”, iniciativa impulsada por Fundación Avina.

Imágenes por Vanessa García Blanca exposición De Paso ().JPG

Datos de Naciones Unidas al 2015 indican que hay 244 millones de personas migrantes en la región que representan el 3% de la población mundial, que si se juntaran representarían un país.

En la mayoría de los países de la región lamentablemente siguen vigentes normas restrictivas en materias de derechos, entonces protocolos como  la guía de Identificación y Atención de Niños, niñas y adolescentes migrantes para generar el acceso a la justicia en situaciones de movilidad que está negociando el Mercosur,  debates abiertos con el propio Poder Judicial a través de casos o escenarios como las conferencias de jueces, el Protocolo de Jueces que suscribió la Corte Suprema de México son parte importante de una agenda que se tiene que dar.

“¿Cómo conversar con los sistemas judiciales? porque son claves en el vínculo entre espacios nacionales y regionales es un mensaje para  pensar, de qué manera  el poder judicial tiene un espacio en la gestión migratoria no porque los jueces empiecen a resolver las cuestiones administrativas básicas pero sí porque los jueces  tienen aún algo por decir en materia migratoria y hay una trayectoria que se puede seguir detrás de los estándares sobretodo del sistema interamericano” reflexionó Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.

Morales trajo la experiencia del caso Juan Carlos de La Torre, un inmigrante uruguayo que ingresó en la Argentina en 1974. Luego de 24 años de permanencia en el país fue detenido sin orden judicial y expulsado del país.

Dicho caso tuvo una solución amistosa que incluyó la necesidad de reformar la ley de migraciones en Argentina y que implicó acudir a herramientas del sistema interamericano frente a la clausura que existía en Argentina para la discusión  en materia de migrantes. CELS y CEJIL apoyaron el proceso.

Morales destacó que como antecedente, alrededor de 50 organizaciones habían promovido debates antes 1998-1999 en ámbitos legislativos sobre una necesidad de reforma migratoria y el sistema interamericano ayudó empujar las discusiones nacionales.

“Estos espacios de discusión fueron complementarios, no es posible generar buenos estándares sino hay procesos de discusión a nivel nacional de necesidades de políticas migratorias” resaltó el analista.

Por su parte, Alvaro Botero de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó respecto al caso que esto “permitió la consecución de ciertas medidas de alcance estructural que tuvo un impacto en la protección de los migrantes… y revela la importancia del litigio para subsanar e innovar en la protección de los derechos de las personas migrantes”.

Botero en su participación comentó que en los últimos años se ha comenzado a evidenciar buenas prácticas por parte de algunos poderes judiciales de la región que han salido al paso ante violaciones de derechos humanos pero falta aún más por hacer.

“Desde hace pocos años, se ve que algunos poderes judiciales están empezando saldar esa brecha pero sí se ve que los casos que ha resuelto la Comisión Interamericana en el contexto de la movilidad humana   desde principios de los años 70´s a la fecha el número de casos es relativamente poco para lo que son las magnitudes de violaciones de los derechos humanos”, dijo.

El experto agregó que las  personas al ser de distinta nacionalidad, por no conocer el idioma, la legislación de ese país están en una situación de desventaja estructural que los pone en una situación de vulnerabilidad a ser sujetos de explotación laboral, sujetos a diversas formas de discriminación, abusos por parte de autoridades, víctimas de delitos y  violaciones a los derechos humanos.

Botero expresó que es necesario un mayor involucramiento de las cortes y jueces a nivel nacional en reconocimiento de estas personas como sujetos de derechos y en la protección efectiva de la vía judicial… y que esto es  “un derecho humano reconocido en la totalidad de las constituciones de América Latina y múltiples instrumentos a nivel regional como internacional reconocido en el artículo 25 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos.

En su partipación, Juan Carlos Murillo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó, que lo que “está en juego el Estado está dispuesto a fortalecer su estado de derecho. Ese acceso o no a la justicia para las personas sujetas de la protección internacional también es consustancial  al hecho si queremos o no preservar el derecho de asilo y si queremos fortalecer el sistema nacional de determinación de la condición de refugiado o de apátrida…”

Citó casos de avances interesantes en la región como algunas escuelas judiciales que están formando a operadores de justicia para que puedan aplicar de forma más efectiva los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en Costa Rica, México, Brasil y Ecuador.

Asimismo expuso que hay mayor interés por parte de Cortes de Constitucionalidad de varios países de tener mayor información en el tema de personas sujetas de protección internacional y se ven casos como los acuerdos de cooperación en la Corte de Constitucionalidad Colombia que ha innovado el marco normativo e institucional para la protección de desplazados internos. Además, la Corte de Constitucionalidad de Ecuador y la Sala Constitucional de Costa Rica para avanzar en la aplicación de la normativa como el derecho de asilo.

Detalló sobre una buena práctica en Costa Rica, donde  la Sala Constitucional ha invitado a las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes y personas sujetas de protección internacional y a los organismos internacionales a identificar cuáles son los retos y las formas más viables para garantizar de forma efectiva el acceso a la justicia.

Otra buena experiencia es el caso de la Defensoría de Argentina que brinda asesoría legal gratuita para garantizar que se tenga acceso a un tutor legal durante el proceso.

Mencionó la adopción del Protocolo por parte de la Corte Suprema de México que dan a los operadores de justicia mayores elementos cuando tienen casos que involucran a personas migrantes o refugiadas o personas apátridas.

Otra iniciativa que llena de esperanza a la región es la guía de  Identificación y Atención de  Niños, Niñas y Adolescentes migrantes para generar el acceso a la justicia en situaciones de movilidad.

Constanza Argentieri, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), un organismo de cooperación de apoyo técnico al gobierno de Mercosur, expuso que dicha guía está negociándose a lo interno de Mercosur, instrumento que adoptó los estándares de la Consulta 21 ante la Corte Interamericana.

Niñez migrante1“Es una buena práctica que ha sido elaborada con el apoyo del IPPDH en conjunto con funcionarios de las áreas de niñez y migratorias y tiene el objetivo de llegar a los operadores judiciales que se enfrentan o se deben enfrentar a procesos judiciales donde se esté cuestionando la situación migratoria del niño o de su familias y saber cómo garantizar que ese proceso sea adecuado y amigable a los niños y niñas migrantes”, expuso.

Detalló que el presupuesto básico siempre es que el régimen jurídico de infancia debe prevalecer sobre el régimen jurídico migratorio, “tratar al niño primero como niño y luego como migrante sin importar su condición migratoria…”

La guía considera pautas de acción comunes para identificar situación de vulnerabilidad de derechos o necesidades internacionales de protección de niños y niñas migrantes por parte de las diferentes autoridades estatales que pueden estar en contacto con niños tanto en zonas fronteras como al interior del territorio.

Asimismo busca articular mecanismos adecuados de derivación y referencia  que se requieran en las distintas situaciones en las que se pueda encontrar un niño migrante y a qué organismos competentes deben derivarse esas situaciones en lo que corresponda a sistemas judiciales.

A nivel regional impulsar procedimientos armonizados de un lado y otro de la frontera de los países miembros del Mercosur  y que cada país conozca los mecanismos.

En cuanto al alcance de la publicación se busca orientar procedimientos de los organismos responsables para formular y gestionar políticas migratorias, instituciones estatales cuyo personal cumpla funciones de control migratorio, instituciones vinculadas a la protección de derechos de niños y niñas, operadores judiciales donde se aborda la situación migratoria tanto de los niños como de las familias e instituciones que desempeñan funciones directas o indirectas en la atención de niños extranjeros que requieran protección internacional.

Venet compartió también la iniciativa lanzada por dicha organización junto con ACNUR, CIDH y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, un concurso de reconocimientos a las sentencias 2016 en el ámbito de derecho de acceso a la Justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional, las cuales pueden ser propuestas de forma abierta.  Dichas sentencias serán evaluadas por un jurado de las organizaciones convocantes.

Se premiarán tres sentencias.  El primer lugar recibirá un diploma y beca para asistir al curso sobre Derecho de los Refugiados en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia.

Los tres primeros lugares tendrán igualmente: a) Difusión de las resoluciones premiadas en los sitios web del ACNUR, de Sin Fronteras, de la CIDH, y de la AMIJ. b) Publicación de las sentencias o un extracto de las sentencias en las memorias de los Reconocimientos a Sentencias 2016, las cuales tendrán una amplia difusión en todo el continente. c) Presentación de las sentencias en el Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, a celebrarse en México el 12 de agosto 2016. d) Posibilidad de participar en foros regionales presentando las sentencias galardonadas.

El cierre de la convocatoria será el 10 de junio. Más información 

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Incontext webinar

Sobre Webinars Incontext

Es una propuesta que impulsa Fundación Avina para profundizar los temas que se abordan en las publicaciones Incontext y abrir la posibilidad de interactuar con la audiencia y expertos latinoamericanos.

Ver Incontext 79: ¿Cómo innovar en los sistemas de justicia para garantizar los derechos de los migrantes?

Próximo webinar: 

“Coaliciones sociales: un ingrediente clave para promover la gestión sustentable de territorios”

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