Durante el siglo XX, el crecimiento de las economías desarrolladas generó la mayor cantidad de riqueza en la historia de la humanidad, generando a su vez la situación de desigualdad extrema con que hoy convivimos entre los países del norte y del sur, y a la interno de los países en desarrollo. América Latina es la región de mayor desigualdad económica del mundo en términos de ingresos. El 70% de la población, cerca de 360 millones de personas, tiene un ingreso menor a $3,260 (PPP) per capita1 WRI, “The Market of the Majority: The BOP Opportunity of Latin America and the Caribbean”, Jun 2006., incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, mientras el 0.6% de la población cuenta con ingresos altos.
La filantropía y el asistencialismo han jugado tradicionalmente un papel importante en aliviar la situación de personas de bajos ingresos, pero sólo pueden llegar a un porcentaje mínimo debido a sus limitados recursos financieros y estructuras organizacionales. Los gobiernos pueden llegar a escala en sus acciones para atender a poblaciones de bajos ingreso, pero la ineficiencia e inestabilidad que los caracteriza en muchos países no permite la continuidad de acciones necesaria para lograr un impacto duradero.
Actualmente, las empresas están atendiendo sólo a un tercio de la población mundial, y compiten ferozmente en mercados saturados. Se dan cuenta que el posicionamiento en países en vías de desarrollo será crucial para su sostenibilidad, y la competitividad será un factor que garantice su éxito en el largo plazo. Cada vez les es más evidente que los negocios no pueden ser exitosos en sociedades que fracasan, y que es necesario que las empresas participen en la creación de sociedades pacíficas, estables y prósperas. Las empresas pueden tener impacto a escala, pero las acciones de RSE no son suficientes y los incentivos del sistema económico actual son un obstáculo para que estas se gestionen bajo un norte ético que busque la inclusión, la dignidad humana y el respeto por todas las formas de vida.
En la búsqueda de soluciones, se enfoca cada vez más la atención a las siguientes preguntas: ¿Será posible utilizar los mecanismos del mercado para generar valor social e inclusión, y aliviar esta situación grave de pobreza? ¿Pueden poblaciones, comunidades o grupos ser incluidos en una cadena de valor como medio para mejorar su calidad de vida? ¿Pueden los mecanismos de mercado ser aprovechados para proveer servicios básicos esenciales a poblaciones que carecen de acceso a estos? ¿Es posible generar valor económico y a la vez contribuir a que los ciudadanos con menores recursos puedan ejercer más efectivamente sus derechos?