El Estado de Tocantins en Brasil sancionó en el año 2021 una ley que atentaba contra los mandatos constitucionales de transparencia y legalidad y que ponía en riesgo el medio ambiente, la agricultura familiar y los territorios de pueblos indígenas y quilombolas al flexibilizar la fiscalización ambiental, aumentando el riesgo de impactos ambientales negativos, como el uso indiscriminado de aplicaciones aéreas de pesticidas y la deforestación. La Coalición Vozes do Tocantins, representada por el Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) que luego sería admitida como amicus curiae del Tribunal de Justicia de Tocantins, y el Ministerio Público de Tocantins cuestionaron varios artículos de la norma, que después serían considerados inconstitucionales por la justicia local y parcialmente suspendidos. El Estado de Tocantins, lejos de aceptar el fallo, interpuso un recurso ante el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial de Brasil, apelando la decisión judicial.

En 2024, el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el recurso que había interpuesto el gobierno de Tocantins y declaró la inconstitucionalidad de la Ley Estatal No. 3.804/2021. Con esta decisión, el STF aceptó plenamente los argumentos sostenidos por el Ministerio Público de Tocantins en una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) presentada en 2022.

La declaración de inconstitucionalidad de la norma representa seguridad jurídica para la protección ambiental, la agricultura familiar y los pueblos indígenas y quilombolas en la medida en que revierte el aceleramiento de licencias ambientales para actividades potencialmente contaminantes y degradantes, como fumigaciones aéreas con pesticidas y deforestación de grandes áreas desconociendo regulaciones federales, lo que aumentó los riesgos de impactos y provocó cuestiones socioambientales negativas, como la contaminación por pesticidas del medio ambiente y de las personas.

Fundación Avina es el punto focal de la alianza Voces para la Acción Climática Justa en Brasil, que tiene como objetivo impulsar las voces locales en la agenda climática de la cual la coalición Voces del Tocantins. En este proceso, Avina aportó al fortalecimiento de capacidades locales para promover acciones de incidencia relacionadas con soluciones climáticas a través de recursos financieros y articulación de capital social.

Este fallo del máximo tribunal del Brasil, además de frenar el daño ambiental, demuestra que la justicia es clave para frenar abusos y proteger el medio ambiente cuando los gobiernos avanzan con medidas que atentan contra los bienes comunes de la ciudadanía.