Los trabajadores migrantes latinoamericanos son uno de los principales sostenes de la actividad productiva en Estados Unidos. Las y los trabajadores esenciales, como se les ha denominado en el contexto de la pandemia, son quienes están en la primera línea de defensa contra el COVID-19: no solo cumplen una labor indispensable para la producción y provisión de bienes y servicios básicos, sino que enfrentan un alto nivel de exposición al contagio debido a que realizan trabajos que no pueden hacerse de forma remota. Por esto, su protección y cuidado debe ser una prioridad dentro de las políticas públicas para enfrentar la crisis sanitaria. Pero, muy por el contrario, han sido excluidos de las políticas de salvaguarda y empujados a un contexto de máxima vulnerabilidad. Sin acceso a un seguro social, una vivienda digna ni servicios básicos, estos trabajadores y trabajadoras mueren en sus lugares de trabajo mientras que en la agenda pública se perpetúan las narrativas de odio que ocultan la realidad detrás del trabajo esencial que permite el aislamiento de los sectores socioeconómicos medios y altos de la población estadounidense en tiempos de pandemia.

Son numerosas las elecciones que arrojan clarísimos triunfos de los candidatos presidenciales, pero luego, analizando las gestiones de los gobiernos, surge un gran interrogante: ¿por qué no pueden gobernar con la misma claridad con la que ganaron? El desafío es tan complejo como la sociedad misma, pues se presenta una serie de factores coyunturales que el presidente electo deberá comenzar a resolver antes de asumir el mandato, si es que desea, además de ejercer el gobierno, detentar el poder.

Existe un antídoto para rescatar las democracias latinoamericanas del coma inducido en que se encuentran: la participación ciudadana. Parece un cuento trillado o una utopía imposible, como cualquier utopía, pero no lo es: es una demanda que se expresa en los grandes reclamos sociales y que podría resumirse en una manifiesta voluntad de incidencia de la ciudadanía sobre los espacios de poder. Hoy en día, esa voluntad, que toma las calles y ocupa los espacios virtuales, está comenzando a traducirse en iniciativas concretas que abren las instituciones estatales a la participación ciudadana en niveles que trascienden la emisión de un voto. En Brasil y en Colombia se están implementando dos iniciativas nacidas de la sociedad civil que buscan abrir espacios para la participación ciudadana que le permitan incidir en los temas centrales de la agenda pública. Son los casos del Laboratorio de Concejo Abierto (en adelante DemoLab), en Bogotá, y la Red de Advocacy Colaborativo (en adelante la RAC), en Brasil.