En el año 2023, los Estados Unidos aprobaron 320.666 visas H-2A (para trabajo agrícola) y esta cifra aumenta año tras año. Debido al contexto en el que se desarrolla el trabajo temporal migrante, estas personas trabajadoras se enfrentan a múltiples violaciones a sus derechos humanos.  

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos publicó una primera versión actualizada del programa de visas y convocó a las partes interesadas a hacer comentarios. Esta oportunidad real de participación fue resultado del trabajo previo de diálogos multiactor sobre migración laboral agrícola. El Centro de los Derechos del Migrante (CDM) se movilizó con las personas trabajadoras para tener sesiones de escucha y participar en grupos de enfoque y entrevistas. 

Como resultado de un largo proceso, en el que participaron personas trabajadoras y organizaciones de la sociedad civil, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos aprobó la nueva normativa del programa de visas H-2A, también llamada regla final.  

La normativa entró en vigor en junio de 2024 y fortalece la protección de las personas migrantes que trabajan temporalmente en el sector agrícola de Estados Unidos al garantizar derechos y prevenir delitos como el fraude y la trata de personas, mejorando al mismo tiempo las capacidades de ese organismo para monitorear el cumplimiento del programa y sancionar a empleadores que lo infrinjan. 

Éste es el resultado de un proceso participativo protagonizado por personas trabajadoras agrícolas migrantes en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de los Derechos del Migrante, entre muchas otras que han aportado valiosos insumos que reflejan las necesidades más apremiantes de las y los trabajadores y que se han plasmado en las nuevas reglas, entre las cuales cabe destacar la protección a las personas trabajadoras contra represalias. Si bien la represalia ya estaba prohibida, la nueva normativa incorpora más y mejores instrumentos para prevenirla y sancionarla, como definir el despido sin causa y obligar a los empleadores a documentar y notificar todo despido al Departamento del Trabajo. 

Por otro lado, la regulación establece normas de seguridad en el transporte, a partir de la obligatoriedad de contar con cinturones de seguridad en los vehículos utilizados en el sector. También, a partir de la reforma, las personas tendrán derecho a recibir visitantes en las viviendas que proveen los empleadores, pudiendo recibir visitas de representantes de organizaciones sociales, sindicatos, personal de salud y abogados sin temor a represalias. Finalmente, se incorporan procedimientos más robustos para prevenir y sancionar la retención de documentos personales, como pasaportes y visas, una práctica ilegal frecuente entre los empleadores. 

Fundación Avina contribuyó al avance de los derechos laborales de las personas migrantes favoreciendo la articulación y colaboración del Centro de los Derechos del Migrante con las demás organizaciones que componen la iniciativa Periplo, y promoviendo una estrategia conjunta para impulsar el reconocimiento de los derechos de los migrantes. Además, financió las acciones de socialización y capacitación de migrantes impulsadas por el CDM, fortaleciendo la capacidad de incidencia de las personas trabajadoras y asegurando que sus voces fueran escuchadas en el proceso que llevó a la aprobación de esta nueva normativa laboral. Finalmente, el financiamiento en el marco del Proyecto Periplo permitió que el equipo legal del CDM acompañara a las personas trabajadoras en el proceso de incidencia.  

Esta nueva normativa implica un mayor equilibrio en el balance de poder entre personas trabajadoras y empleadores, en la medida en que las primeras cuentan con más y mejor respaldo para asegurar sus derechos. Para la comunidad migrante, esto también significa una mejora en sus condiciones físicas, psicológicas y económicas, convirtiéndose en un claro avance en favor de su dignidad.