En 2024, Honduras dio un paso histórico hacia la atención de las familias y de las personas desaparecidas en las rutas migratorias hacia México y Estados Unidos de América. A través de una iniciativa de articulación entre los actores de sociedad civil, organismos intergubernamentales y el gobierno, se desarrolló un protocolo de búsqueda de migrantes desaparecidos y se trabajó en una iniciativa de Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y de sus Familiares.  

En abril, el gobierno de Honduras presentó el primer Protocolo de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, el cual integra mecanismos de coordinación interinstitucional y prevé la creación de una base de datos de casos y el establecimiento de un marco legal basado en el respeto a los derechos humanos. Además, determina las obligaciones del Estado hondureño en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, y reconoce los derechos de estas personas y sus familias, como el derecho a la búsqueda inmediata, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Cabe destacar que el protocolo contempla la realización de búsquedas fuera del país, en especial en México y Guatemala, para lo cual se han establecido mecanismos de colaboración transnacional, uno de cuyos antecedentes es el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) mexicano, en 2019.  

Éste es el resultado de un largo proceso de más de 10 años, impulsado por las familias de las personas desaparecidas y sus comités con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales, entre los cuales cabe destacar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Yoro (COFAMIPRO), organizaciones que, con el apoyo de entidades internacionales como la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA), han trabajado coordinadamente en esta problemática, promoviendo la construcción de redes y la implementación de procesos de colaboración transnacional para la búsqueda de personas. La colaboración también se extiende a instituciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización especializada en la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de personas desaparecidas. Además, el CICR brinda orientación y asistencia permanente en estos procesos.  

Fundación Avina ha sido instrumental para la expansión del capital social, facilitando la coordinación entre el COFAMIPRO y otros seis comités de familiares de personas migrantes desaparecidas de Honduras. Avina, en conjunto con otros actores, ha jugado un papel crucial en el desarrollo de agendas de acción compartida, coordinando esfuerzos de incidencia relacionados con el proyecto de ley y el Protocolo de Búsqueda. Su capacidad para tender puentes entre el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional potenció la incidencia en este proceso. Además, fue fundamental en términos de innovación al apoyar las Jornadas anuales de recopilación de ADN organizadas por el EAAF, introduciendo así nuevas metodologías para abordar la problemática de las personas migrantes desaparecidas. La visión unificadora promovida por Avina permitió también alinear los esfuerzos de diversos actores hacia el objetivo común de tener un marco legal para la atención integral en el proceso de búsqueda de personas migrantes desaparecidas y sus familias. 

Éste es el resultado de un esfuerzo conjunto y muestra un compromiso con los derechos humanos. El protocolo no sólo busca garantizar el derecho a la justicia y a la verdad, sino que también proporciona mecanismos para la reparación y la no repetición de estos crímenes.