La actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo no era exclusiva para los recicladores de oficio en Colombia. Algunos contenidos del decreto y la resolución que regulaba la actividad, establecidos en 2016, produjeron una competencia desleal por el acceso al material reciclable y su posterior comercialización, ocasionando una situación de desventaja para los recicladores, su trabajo y su capacidad para generar ingresos.   

El 14 de noviembre de 2024, el gobierno colombiano estableció mediante el decreto 1381 la exclusividad de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo para las organizaciones de recicladores de oficio. Gracias a esta norma las y los recicladores formalizados estarán a cargo de la actividad de aprovechamiento de residuos en todo el territorio nacional de forma exclusiva, reconociéndose de esta manera el rol que cumplen como agentes de cambio socioambiental y sus aportes para la construcción de una economía justa y regenerativa.  

Este decreto es un logro de incidencia de las organizaciones de recicladores que durante años han solicitado al Estado colombiano la validación de los fundamentos sostenidos por la Corte Constitucional, que identifica a los recicladores de oficio como sujetos de especial protección constitucional e insta al Estado a implementar medidas de reconocimiento y políticas para mejorar sus condiciones laborales, económicas y sociales. La reciente modificación responde a una necesidad de contexto y representa un avance decisivo hacia el objetivo del decreto original de promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras y operativas de las organizaciones de recicladores para convertirlas en las prestadoras del servicio de aseo a nivel nacional.  

La importancia de esta medida radica en que, desde la promulgación del decreto 596 del 2016 —que establece los lineamientos para la actividad del aprovechamiento del servicio público de aseo y define las guías para la formalización progresiva de los recicladores—, empresas y otras entidades no conformadas por recicladores comenzaron a hacer usufructo del servicio bajo el amparo de ese reglamento, accediendo a tarifas diferenciales y a subsidios especialmente destinados a organizaciones de recicladores. Con este nuevo decreto se asegura una mejor gestión del servicio de aseo para más de 32 millones de habitantes urbanos, al tiempo que se genera una acción política afirmativa a favor de los 60.000 recicladores de oficio del país, otorgándoles beneficios específicos que les permitan trascender la situación de discriminación a la cual han sido sometidos históricamente.  

Fundación Avina realizó un acompañamiento directo a la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia para la presentación de una propuesta de posicionamiento del gremio de recicladores ante el Ministerio de Vivienda respecto de los ajustes de la normativa que regulaba la actividad desde 2016. Avina tuvo un rol crucial para establecer una visión unificadora y generar incidencia al facilitar el diálogo entre las organizaciones de recicladores y el Estado, ofreciendo asistencia técnica para diseñar una propuesta sólida. Su trabajo incluyó la generación de datos y evidencias técnicas, así como la creación de un enfoque narrativo para respaldar las demandas del gremio. Adicionalmente, se fortaleció el capital social del proceso, promoviendo la participación de los recicladores y articulando agendas de acción compartida para alcanzar el objetivo. Este aporte fortaleció las capacidades organizativas y operativas del gremio, facilitando la implementación del nuevo marco normativo.  

El decreto establece un periodo de 15 años para la exclusividad y se conforma como el mecanismo jurídico que garantizará a los recicladores el acceso seguro a los residuos sólidos urbanos, buscando la mejora de sus condiciones de vida y el aumento de sus ingresos.