Ciudad de Panamá, 9 de abril de 2026 — la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación AVINA firmaron hoy un Memorando de Entendimiento para fortalecer a los principales mecanismos regionales de gobernanza migratoria, tales como la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) y la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), con foco en la integración, el acceso al trabajo formal y la portabilidad de derechos.
“Si bien existen muy buenas prácticas en procesos de regularización migratoria e integración, aún miles de personas migrantes en América del Sur enfrentan obstáculos para acceder a empleos formales, reconocer sus títulos y calificaciones profesionales, y ejercer derechos básicos en los países donde viven”, indicó Diego Beltrand, director regional (a.i.) para América Latina y el Caribe de la OIM. “Este acuerdo busca contribuir a cambiar esa realidad apoyando el desarrollo de políticas migratorias y acuerdos regionales, que faciliten la integración de las personas migrantes”.
La CSM es el principal foro consultivo intergubernamental de América del Sur en materia migratoria, creado en 1999 con la participación de doce gobiernos de la región. La RIAM, establecida en 2012, agrupa a más de veinte países de Iberoamérica con el objetivo de fortalecer la cooperación entre autoridades migratorias mediante el intercambio de información, buenas prácticas y asistencia técnica especializada. La OIM ejerce las funciones de Secretaría Técnica en ambos mecanismos, apoyando su funcionamiento y la implementación de sus agendas.
La alianza apunta a resultados concretos. En el marco del Plan de Trabajo 2026 de la CSM, AVINA y la OIM unirán esfuerzos en la Red sobre Integración —coordinada por los gobiernos de Brasil y Colombia—, orientados a ampliar el rol del sector privado en la movilidad laboral, la formalización del empleo y la certificación de competencias de personas migrantes. Esto incluye la promoción de diálogos tripartitos entre gobiernos, empresas y migrantes para identificar obstáculos y soluciones compartidas en materia de inclusión sociolaboral.
“Para Fundación Avina, la inclusión socio-laboral de las personas migrantes es una oportunidad estratégica de alto impacto para cumplir nuestra misión de mejorar la calidad de vida de comunidades clave para el desarrollo económico y social de América Latina. Avanzar en esta agenda requiere de alianzas sólidas entre instituciones públicas, el sector privado, los organismos internacionales y multilaterales, y la sociedad civil para articular esfuerzos, escalar soluciones y generar cambios sistémicos y sostenibles.”, indicó Gonzalo Roque, Director Programático, Fundación AVINA.
Para los gobiernos de la región, el acuerdo representa un apoyo adicional a la implementación del Plan Suramericano de Migraciones hacia la Integración 2035, aprovechando sinergias entre la experiencia técnica de la OIM como Secretaría Técnica y la red de alianzas multiactor de AVINA, que incluye más de 7.000 socios comunitarios y empresariales en 20 países.
El acuerdo consolida una cooperación que ya se venía desarrollando en la práctica y le da marco institucional y sostenibilidad, con atención prioritaria a las personas migrantes en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Sobre la OIM: La Organización Internacional para las Migraciones es la agencia de las Naciones Unidas para la migración. Su Oficina Regional para América Latina y el Caribe tiene sede en Ciudad de Panamá.
Sobre la Fundación AVINA: Fundación Avina es una organización filantrópica latinoamericana con alcance global que genera impacto a través de la colaboración. Actualmente impulsa procesos colaborativos con más de 50 coinversores y miles de aliados en territorio. Hoy, Fundación Avina articula inversiones sociales que benefician a más de 30 países de América Latina, el Caribe, América del Norte, África y Asia.
Desde su programa de Innovación Laboral, Avina promueve soluciones para el trabajo digno y la inclusión, abordando de manera activa la agenda migratoria mediante la transformación de los sistemas de movilidad laboral, la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y la construcción de alternativas económicas más justas y sostenibles.
