Chile debió enfrentar un nuevo escenario en el que la cantidad de personas migrantes aumentó de forma exponencial en pocos años, experimentando un crecimiento entre los años 2006 y 2022 que multiplicó casi por 9 veces la proporción de migrantes. El país no contaba con una política que estableciera una hoja de ruta construida en democracia y con perspectiva de inclusión y derechos humanos para abordar la migración. Para superar esta situación, se sancionó en el año 2021 la Ley de Migración y Extranjería, que representa un avance importante dado que la norma anterior, promulgada durante la última dictadura militar, consideraba a las personas migrantes como una amenaza a la seguridad nacional.  

Tras un proceso en el que la sociedad civil chilena trabajó articuladamente junto con instituciones estatales, sector privado, academia y organismos internacionales, Chile estableció en 2024 su primera Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME). La PNME responde a la Ley de Migración y Extranjería, que prevé la implementación de una política orientada a promover la integración de las personas migrantes, fomentando su participación en la vida social, cultural, política y económica del país, y cuenta con un Plan de Acción con metas, indicadores, plazos y responsabilidades para su cumplimiento. Esta política representa un hito histórico para Chile, dado que por primera vez se establece, bajo común acuerdo y con una mirada de largo plazo, la visión común de futuro de la sociedad en torno a la cuestión migratoria. La política parte de la valoración del aporte histórico de la migración en Chile y explicita la voluntad de seguir siendo un país abierto a la migración.  

La PNME busca promover una migración ordenada y segura y regular que contribuya al desarrollo del país, considerando las necesidades de los territorios y fomentando la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos. Esta política es una hoja de ruta derivada de un proceso amplio de colaboración en el que participó una gran diversidad de actores de la sociedad civil, cuyas voces enriquecieron las perspectivas y los abordajes. 

Fundación Avina articuló agendas de acción promoviendo la participación de una diversidad de actores de la sociedad civil en la construcción de esta política pública. Aportó apoyo estratégico y financiero para fortalecer capacidades de participación de la sociedad y fomentó de manera colaborativa una visión común de futuro para las migraciones en Chile. Avina también apoyó la generación de espacios de colaboración entre organizaciones migrantes y promigrantes, impulsó nuevos diálogos y fortaleció el alineamiento de la sociedad civil.  

Este logro representa un gran avance para Chile en la medida en que es la respuesta a una demanda que lleva décadas y que hoy se torna cada vez más urgente.