«Dijeron nuestros nombres y dijeron que nos llevarían a otro lugar. No sabíamos que íbamos a regresar a Haití. Nadie nos dijo que íbamos a regresar a Haití. Necesitamos volver a Chile, pero ahora no nos queda dinero ni hogar. ¿Qué será de mis hijos?» (Sonia Piard, recién llegada a Puerto Príncipe citada en The Washington Post). 

La pandemia causada por el nuevo coronavirus nos deja una gran certeza: para dar respuesta a los problemas globales hace falta generar soluciones globales. La rápida expansión del virus por todo el mundo durante los primeros meses del 2020 puso en evidencia las intrínsecas conexiones que existen a nivel global, lo ilusorio de las fronteras y la inviabilidad de las soluciones locales a problemas que afectan a todo el planeta. A abril del 2021, en todo el mundo, el COVID-19 ha infectado a más de 130 millones de personas y ha causado la muerte de casi 3 millones, de las cuales cerca del 30% ocurrieron en América Latina. 

Aplaudimos la decisión solidaria y valiente del Gobierno de Colombia para regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en su territorio, por medio de un Estatuto Temporal de Protección por un periodo de 10 años, como un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados. Con este instrumento jurídico la población venezolana podrá insertarse en la sociedad, aportar al crecimiento económico del país y acceder con mayor facilidad a trabajo formal, educación o salud.

Recientemente avanzó la primera caravana del año 2021 compuesta por unas 6,000 personas procedente de San Pedro Sula, Honduras con destino a EEUU. Este masivo éxodo de migrantes ocurre a pocos días de que el presidente electo, Joe Biden, asuma el cargo. Al ingresar a Guatemala, fueron repelidos violentamente por fuerzas militares y policiales y acusados de no cumplir procedimientos migratorios y protocolos de bioseguridad por el COVID-19. En tanto que México refuerza la frontera con Guatemala para evitar su avance.  

El agua es vida y hoy, es más escasa que nunca. 2.200 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable y 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros.

Fundación Avina se solidariza con Cauce Ciudadano, organización civil que trabaja para la prevención de la violencia reconociendo su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en México y en América Latina.

Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Fundación Avina, y el Instituto de Estudios Inter culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en el marco del proyecto “Capacidades para la Incidencia”, rechazamos categóricamente el asesinato, desplazamiento, amenazas y las violaciones a los derechos humanos de los cuales son objetos los líderes y lideresas sociales en el país, que se han recrudecido en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y en especial, en los municipios del PDET Alto Patía y Norte del Cauca.

En medio de la tragedia de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en casa, mucha gente anhela encontrar alegría y refugio en la naturaleza. Las restricciones han elevado nuestra conciencia colectiva sobre los varios beneficios de la naturaleza—desde la tranquilidad de estar afuera, el agua y aire limpios, los recursos naturales, la supresión de enfermedades, y la capacidad de ayudar a disminuir la velocidad del cambio climático y protegernos de sus impactos.

Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Fundación Avina, y el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en el marco del consorcio promovido para el apoyo a la participación incidente y al proceso de construcción de paz territorial en la región del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Alto Patía y Norte del Cauca, rechazamos enfáticamente los asesinatos e intimidaciones que han sido víctimas comunidades y liderazgos de esta región, en los últimos días, en municipios como Santander de Quilichao, El Tambo y Buenos Aires, entre otros.

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