Transformaciones hacia una economía cada vez más circular

Nueva normativa transforma el plástico en un activo económico y social en Brasil

Aunque la Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil entró en vigor en 2010, solo el 12% de los residuos plásticos se reciclaba y menos del 4% volvía a la cadena de producción. La ausencia de objetivos específicos para la gestión de residuos plásticos permitió que las empresas dejaran de lado los envases difíciles de separar, tarea que asumieron las cooperativas de recolectores de residuos sin recibir la correspondiente remuneración. Con la promulgación del Decreto 12.688 del 21 de octubre de 2025, Brasil inauguró una nueva era en la gestión de residuos plásticos. Este nuevo marco regulatorio, que pone en práctica la Política Nacional de Residuos Sólidos, instaura el Sistema de Logística Inversa de Envases Plásticos, que establece un camino obligatorio y gradual para la recuperación y uso de materiales reciclados para el 2040 

En los últimos años, Fundación Avina apoyó el fortalecimiento del Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) y redes regionales, ampliando el capital social y la legitimidad de estas organizaciones para influir, junto con diferentes actores, en la formulación de la norma. En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) y entidades de gestión, estas redes defendieron propuestas de inclusión socioproductiva, contratación justa y trazabilidad transparente incorporadas al texto final del decreto 

De alcance nacional e intersectorial, la norma distribuye responsabilidades a lo largo de toda la cadena, desde fabricantes e importadores hasta el consumidor final, y exige la integración entre el sector productivo, los municipios y las cooperativas de recolectores de residuos. El nuevo decreto prohíbe que los residuos sean transferidos a cooperativas sin contrato y pago, y concentra la obligación de destino final en fabricantes e importadores. 

Sin embargo, la innovación no se limita al reciclaje. El texto establece una gobernanza digital y rastreable, basada en facturas electrónicas auditadas y vinculada al Sistema Nacional de Información sobre Gestión de Residuos Sólidos. Cada tonelada de plástico que circula en el sistema debe ser demostrada, en un mecanismo diseñado para elevar la transparencia a un nivel sin precedentes. Esta trazabilidad, sumada a la obligación de informes anuales y verificación a cargo de auditores independientes, sitúa la logística inversa bajo un régimen estricto de cumplimiento medioambiental, algo nunca antes visto en el país.  

La política activa instrumentos financieros creados en 2023, como los Certificados de Crédito de Reciclaje de Logística Inversa y los Certificados de Estructuración de Embalaje y Reciclaje. Estos bonos tienen el poder de transformar el reciclaje en una actividad económicamente viable, medible y rentable, atrayendo inversores y, por primera vez, permitiendo que cooperativas de recolectores de residuos sean contratadas y remuneradas directamente por sus servicios. 

El decreto establece un hito transformador al crear un ciclo virtuoso donde la responsabilidad ambiental compartida genera beneficios económicos medibles, promueve la sostenibilidad y fortalece la inclusión social.