LA PANDEMIA TAMBIÉN PUSO EN CUARENTENA LA DEMOCRACIA
El Índice de Democracia (Democracy Index), un termómetro que año tras año mide la temperatura de la democracia en los niveles nacional, regional y global, registró su peor medición desde 2006. Este índice es una herramienta desarrollada por la Unidad de Inteligencia de The Economist que se usa para evaluar la calidad de los procesos democráticos y de las instituciones gubernamentales en 167 países.
La pandemia del COVID-19 atravesó todos los aspectos de la vida en sociedad y la democracia no fue la excepción. Así lo advierte el último reporte del Democracy Index, cuyo principal objetivo fue analizar “el impacto de la pandemia del coronavirus sobre la democracia y la libertad en el mundo”. Y su principal conclusión es que la pandemia afectó negativamente la calidad de la democracia a nivel global. Salvo algunas excepciones muy puntuales, el análisis mostró un descenso del índice en cada una de las siete regiones evaluadas, lo que provocó una caída del índice global, de 5,44 en 2019 a 5,37 en 2020. Con esto, el Índice ha alcanzado su valor histórico más bajo desde que comenzó a medirse.
Según el reporte, este desplome tiene que ver, en buena medida, con las restricciones a las libertades individuales y civiles que impusieron los gobiernos del mundo como respuesta a la crisis del COVID-19. A lo largo del 2020, 116 de los 167 países evaluados registró una caída respecto del 2019 en sus respectivos puntajes. Tan solo 38 países registraron una mejora y los 13 restantes permanecieron sin cambios. El reporte señala que la pandemia puso al mundo frente a un enorme dilema: proteger la vida y la salud o perder libertades. En todos los países analizados se optó por las restricciones a las libertades civiles en alguna medida. Y los pueblos del mundo accedieron a cumplir estas restricciones: incluso sus críticos acérrimos coincidieron en que era necesaria alguna forma de distanciamiento social y el uso de elementos de seguridad. Sin embargo, no trajeron propuestas superadoras a la mesa y, en general, nadie fue capaz de responder la pregunta de cuántas muertes eran aceptables con tal de recuperar la libertad de movimiento.
Los acuerdos sobre políticas para dar caminos de solución a las diferentes crisis provocadas por la emergencia sanitaria global han estado ausentes. La colaboración, el multilateralismo y la cooperación no han sido protagonistas en las estrategias de los gobiernos para enfrentar la pandemia, lo cual ha puesto en evidencia que el sistema internacional es frágil y que las sociedades no tienen herramientas para enfrentar sus propias inconsistencias y debilidades. La pandemia no solo ha puesto a prueba el funcionamiento de la economía, la seguridad, la capacidad de respuesta de los gobiernos y de las instituciones públicas, sino también ha medido el pulso de los gobiernos para asumir desafíos como el cambio climático, la crisis de seguridad internacional o la desfinanciación para la recuperación económica, que ya vienen dejando consecuencias devastadoras.
A pesar del acuerdo generalizado en la sociedad de que era necesario establecer medidas preventivas de aislamiento para contener la transmisión del virus, la cuestión de la libertad siempre fue un cuestionamiento central que fue creciendo con el paso de los meses. Estos cuestionamientos no solo fueron en dirección de las medidas más o menos coercitivas de restricción de la movilidad: también se refirieron a la libertad de expresión. En muchas democracias, y más aún en regímenes autoritarios, se observó una tendencia a limitar el debate y a acallar las voces disidentes, especialmente de las personas que se expresaban en contra del aislamiento. Esto no solamente atenta contra uno de los principios más elementales de la democracia, sino que, además, mostró ser contraproducente: el silenciamiento de los discursos antagónicos al oficial impactó negativamente en la confianza de la sociedad en los gobiernos y en su capacidad para manejar la pandemia. Esto, a su vez, se tradujo en más críticas y en el surgimiento de muchas y muy diversas teorías conspirativas.
De los cinco indicadores que componen el Índice, solo uno mostró una mejora: el indicador de participación política (political participation), cuyo valor global pasó de 5,28 en 2019 a 5,42 en 2020. Esto indica que la suspensión de las actividades políticas y ciudadanas no fue un impedimento para la participación y el involucramiento social en los asuntos públicos. En varios países se llevaron a cabo jornadas electorales, como el referéndum constitucional en Chile y las elecciones presidenciales en Bolivia y Estados Unidos, que tuvieron un alto nivel de participación.
Pero también ocurrieron movilizaciones y protestas, no solo motivadas por el manejo de la crisis, sino también a favor de la trasformación de políticas públicas que afectaban a poblaciones específicas. Este es el caso de la campaña por el aborto legal en Argentina, que, si bien había iniciado años antes de la pandemia, tuvo un 2020 acumulado en demandas y movilizaciones de diferente tipo que mantuvieron el tema en el debate público y les permitieron alcanzar, el 30 de diciembre, la legalización del aborto en las primeras semanas de embarazo. Con la consigna “La verdadera pandemia es la violencia machista”, el oleaje expansivo de millones de mujeres siguió tomándose las calles para exigir sus derechos.
Es difícil determinar si la pandemia tuvo un efecto catalizador de la participación o si fue un obstáculo más a superar, pero lo cierto es que el indicador de participación política ha tenido un aumento continuado en los últimos años, e incluso en el año 2018 fue el que amortiguó lo que podría haber sido una caída abrupta del Índice.
América Latina y el Caribe: todavía muy lejos del ideal
América Latina sufrió una caída en su puntaje regional: pasó de 6,13 en 2019 a 6,09 en 2020. Como en el resto del mundo, este deterioro se debió a las restricciones a las libertades civiles impuestas por los gobiernos como respuesta al COVID-19. No obstante, este es el quinto año consecutivo de caída del puntaje regional y eso deja entrever una problemática estructural en las democracias latinoamericanas que excede la pandemia. Si bien el 80% de su población vive bajo algún tipo de régimen democrático, la región carga con problemas de violencia, corrupción y debilidad institucional que atentan contra el pleno ejercicio de la democracia. Y la pandemia no vino sino a agravar esos problemas. Según las categorías que propone el índice, América Latina cuenta con 3 “democracias plenas”, 13 “democracias defectuosas”, 5 “regímenes híbridos” y 3 “regímenes autoritarios”.
El declive en el puntaje regional de América Latina y el Caribe en años recientes se ha debido principalmente a la caída de tres indicadores: “proceso electoral y pluralismo”, “libertades civiles” y “funcionamiento del gobierno”. En líneas generales, a lo largo del tiempo, los países no han sido eficaces a la hora de resolver las grandes problemáticas que atentan contra el bienestar de la sociedad y pleno ejercicio de la ciudadanía. El persistente malestar social ha causado una progresiva pérdida de confianza de la población en los gobiernos, aunque a su vez derivó en un aumento cada vez mayor de la participación política y la protesta ciudadana. Durante el 2020, los cuestionamientos se centraron en las medidas de confinamiento, que fueron un golpe muy duro para la gran mayoría de las economías latinoamericanas, caracterizadas por tener altos niveles de informalidad. Pero, además, en una región que concentra menos del 10% de la población mundial y que durante el 2020 registró la cuarta parte de las muertes vinculadas al coronavirus, la efectividad de estas medidas también ha sido puesta en tela de juicio.
Por otro lado, en varios países se llevaron a cabo jornadas electorales que en la mayoría de los casos fueron exitosas. Destacan los casos de Bolivia y Chile, que contaron con una amplia participación de la sociedad. Chile es, junto con Uruguay y Costa Rica, uno de los tres países catalogados como “democracia plena” (full democracy, según la nomenclatura del índice) y ha logrado mantener ese estatus incluso después del estallido social ocurrido en 2019 y las movilizaciones masivas en contra de un sistema fundamentalmente excluyente y escaso en bienes públicos.
Una de las grandes demandas de las protestas era una reforma constitucional. El 25 de octubre del 2020, el pueblo chileno votó masivamente a favor de una nueva Constitución y así ha logrado institucionalizar un reclamo que nació en las calles y que hoy se ha convertido en un proceso de reforma que cuenta con la participación de una gran diversidad de actores. No obstante, las fuerzas del Estado, especialmente carabineros, han incurrido en hechos violentos y represivos contra la ciudadanía. A raíz de esto, cabe preguntar, ¿puede considerarse plena una democracia en la que suceden hechos de represión tan graves como los ocurridos en Chile? Si bien la utilidad del índice no se pone en duda, sería importante explicitar cómo se ponderan acontecimientos como estos para tener una completa comprensión de las catalogaciones de la herramienta.
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El mapa global de la democracia: un reflejo de las desigualdades históricas
Según el reporte, a pesar de los retrocesos, América Latina “permanece como la región emergente más democrática del mundo”, detrás de Europa Occidental y América del Norte (conformada por Estados Unidos y Canadá). Por debajo se encuentran Europa del Este, Asia y Australasia, Oriente Medio y el Norte de África y África Subsahariana. En especial estas dos últimas regiones concentran 40 de los 57 “regímenes autoritarios” del mundo y tienen tan solo un país considerado “democracia plena”. Estas tendencias tampoco son nuevas, si bien el COVID-19, en líneas generales, empeoró el panorama en países en donde la democracia ya era frágil. En países catalogados como “regímenes autoritarios” o “híbridos”, se observó un recrudecimiento de las medidas represivas, que en muchos casos fueron implementadas bajo la narrativa de la pandemia.
El reporte destaca el caso de Asia y Australasia como la gran sorpresa del 2020. Si bien su puntaje disminuyó del 2019 al 2020, tres países ascendieron a la categoría de “democracia plena”: Japón, Corea del Sur y Taiwán. El reporte hace una mención especial a Taiwán, al que denomina “un faro de la democracia en Asia”. En los últimos años, Taiwán ha avanzado en temas de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y en la independencia del Poder Judicial. En enero de 2020, se llevaron a cabo elecciones que tuvieron amplios niveles de participación, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Estos procesos, que se fueron gestando a lo largo de años, han fortalecido la democracia taiwanesa en un contexto regional complejo. Durante la pandemia, las autoridades no implementaron un confinamiento obligatorio, sino que la propia población colaboró con las autoridades sanitarias llevando a cabo medidas de distanciamiento social y aislamiento voluntario. Así, Taiwán logró un ascenso en el ranking sin precedentes, que cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que ocurrió en un contexto de restricciones a las libertades civiles a nivel global: pasó del puesto 31 en 2019 al 11 en 2020.
En el otro extremo, África Subsahariana experimentó un deterioro drástico: 31 países cayeron en el ranking, de los cuales Mali y Burkina Faso pasaron a la categoría de “regímenes autoritarios”. El reporte señala que una de las principales amenazas a la democracia en esta región tiene que ver con la expansión de los grupos yihadistas, que utilizan la lucha armada para controlar los territorios, y así han sido partícipes de cruentas guerras civiles devastadoras. Esto ha impactado negativamente en el índice regional, en especial en la categoría “funcionamiento del gobierno”: en casos como Burkina Faso y Mali, los gobiernos fueron incapaces de hacer frente a la crisis, llegando al punto de permitir la intervención de fuerzas extranjeras y relegar su propia soberanía, lo cual ilustra la gravedad de la crisis que afrontan las democracias en esta región. África Subsahariana es la región con mayor concentración de “regímenes autoritarios” e “híbridos” y esta tendencia no es casual: no solo tiene que ver con la historia reciente, sino también con un pasado colonial en el que se sentaron las bases de las desigualdades estructurales que persisten hoy en día.
La ciudadanía global no es un actor estático o pasivo. Hoy la ciudadanía demanda, participa, construye, reclama, presiona y se moviliza en torno a la defensa de sus derechos y en pro de la solución de los problemas estructurales que le afectan.
Ximena Torres, Gerente Programática de Fundación Avina
La participación ciudadana en ascenso
Hacia finales del 2019, cuando se desató la epidemia, China estableció estrictas medidas de confinamiento que alcanzaron a casi la mitad de su población. Y, a pesar de que el abordaje se comprobó efectivo, los países bajo modelos democráticos no consideraron que implementar medidas así fuera posible en sus territorios, tan diferentes cultural y políticamente. Sin embargo, en mayor o menor medida, se extendieron los confinamientos a lo largo y ancho del planeta, las restricciones a la movilidad, la imposición del uso de máscaras; pero también hubo censura, cese de actividades parlamentarias, funcionamiento parcial de los poderes judiciales y limitaciones a la libertad de expresión que trascendieron por mucho los motivos sanitarios. Por esto, si bien la pandemia fue un factor determinante en el deterioro del índice global, es difícil determinar hasta qué punto fue su única causa, o si, al menos en los países con tendencias autoritarias, fue una motivación más para endurecer las medidas de control y represión que ya estaban ocurriendo.
Pero, a pesar de las restricciones, el indicador de “participación política” siguió creciendo. En líneas generales, el público aceptó voluntariamente las medidas de confinamiento y entendió la necesidad de limitar la movilidad, usar máscara y mantener distancia social. No obstante, en la gran mayoría de las democracias, los gobiernos implementaron las medidas de prevención sanitaria de forma discrecional, como imposición extraordinaria justificada con argumentos científicos, sin establecer ningún mecanismo para abrir la discusión e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y esta forma de proceder no se debe a la pandemia: según el reporte, “es un estilo de gobernanza que se ha convertido en norma en la mayoría de las democracias”.
El hecho de que el público haya estado de acuerdo, en líneas generales, con renunciar temporalmente a sus libertades con el fin de contener la enfermedad, no significa que no tuviera la voluntad de expresarse al respecto y de participar de la toma de decisiones. En este sentido, la pandemia reveló dos cuestiones fundamentales: que buena parte de los gobiernos actúan como élites acostumbradas a no rendir cuentas y a excluir a la ciudadanía de las discusiones sobre los asuntos públicos. Esta tendencia a la verticalidad se exacerbó en el año del coronavirus, un año con características distópicas, pero que a la vez expuso las grandes falencias de los regímenes democráticos del mundo. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de participación de la ciudadanía aumenta y la pandemia también mostró que, ante la falta de espacios de consulta, la sociedad encuentra formas de expresarse.
En Colombia, por ejemplo, durante todo el 2020 la ciudadanía en Bogotá ha sido protagonista de los debates y decisiones en el Concejo de la ciudad en torno al plan de ordenamiento territorial (POT) y al plan distrital de desarrollo integral de la ciudad. Esta dinámica de participación ha estado gestionada por el DemoLab (el primer laboratorio de innovación política dentro de una corporación de elección popular en Colombia), que, a pesar de la coyuntura de aislamiento social, lanza una primera apuesta de innovación denominada Concejo a la Casa en la que los concejales contactan a la ciudadanía de forma aleatoria para preguntarles sus opiniones y recomendaciones sobre el Plan Distrital de Desarrollo.
La campaña Del 25N al 8M (25 de noviembre al 8 de marzo) de formación y movilización contra la violencia institucional machista ejercida por las autoridades contra las mujeres y las colectivas feministas en México es otro ejemplo de movilización ciudadana en medio de la emergencia sanitaria. A través de esta campaña se busca visibilizar la problemática y buscar espacios de diálogo para construir soluciones conjuntas y proponer materiales de formación y capacitación para los integrantes de cuerpos de seguridad.
La auto-organización ha sido una práctica que ha permitido acelerar la experimentación, la innovación y la regulación, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía activa en medio de las crisis social, política y económica, todas exacerbadas y aceleradas por la pandemia. Desde el área de Innovación Democrática de Fundación Avina, estamos convencidas de que la sociedad civil tiene la capacidad de diseñar y gestionar los bienes comunes que aseguran la ampliación del espacio cívico y la construcción de sociedades más abiertas, transparentes, justas e inclusivas.
Ximena Torres, Gerente Programática de Fundación Avina
Otro ejemplo revelador de apuesta ciudadana es la campaña que tiene lugar en Perú denominada ¿Quién vigila a los vigilantes?, la cual busca implementar una estrategia de sensibilización para proteger el derecho a la protesta y denunciar la persecución policial en espacios digitales. Las manifestaciones ciudadanas que vienen teniendo lugar desde noviembre de 2020 han implicado enfrentamientos con las autoridades policiales causando fuertes situaciones de violencia, muertes y desapariciones. Activistas y artistas registran casos de abuso policial para desafiar la impunidad, temiendo ser vigilados y perseguidos por las mismas fuerzas del orden. Dado que no existe información en el país sobre en qué consiste la vigilancia policial ni sus consecuencias, la desinformación y el pánico entre manifestantes es sumamente alta. Esta campaña busca recabar esta información y capacitar a la ciudadanía sobre cómo protegerse de vigilancia y represión policial también en espacios digitales.
Con los ejemplos compartidos, es posible afirmar que la mejora en la calidad de las democracias del mundo dependerá de cuán capaces sean de traducir esa demanda de expresión en mecanismos de participación social que permitan avanzar hacia democracias abiertas y conectadas con la voluntad de la sociedad.
Sobre el Democracy Index
El Índice de Democracia consta de una escala numérica que va del 0 al 10 y se basa en 60 sub-indicadores agrupados en 5 categorías: “procesos electorales y pluralismo”, “libertades civiles”, “funcionamiento del gobierno”, “participación política” y “cultura política”. Cada categoría, a su vez, se mide en una escala del 0 al 10, y el Índice de Democracia surge del promedio de los valores de estas categorías.
Clasificación
Según el valor del Índice de Democracia, los países son clasificados en los siguientes tipos de regímenes:Democracias plenas (valores superiores a 8): Países en los que están garantizadas las libertades civiles y políticas. La cultura política es amplia y el funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Hay medios independientes y diversos. El sistema judicial es independiente y los fallos judiciales son ejecutados. Hay un sistema eficaz de controles y balances. Los problemas en el funcionamiento de la democracia son limitados.Democracias defectuosas (valores superiores a seis y menores o iguales a 8): Países que tienen elecciones libres e imparciales en los que se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, presentan deficiencias importantes en otros aspectos, como problemas en la gobernabilidad, una cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación política.Regímenes híbridos (valores superiores a 4 y menores o iguales a 6): En estos países, las elecciones presentan serias irregularidades que impiden que sean libres y justas. Las debilidades de las democracias defectuosas se agudizan: aumenta la ingobernabilidad, la cultura política tiene un desarrollo muy bajo, al igual que los niveles de participación política. La corrupción tiende a ser generalizada. El estado de derecho y la sociedad civil son débiles. El poder judicial no es independiente del poder político. Generalmente, hay hostigamiento y persecución a la prensa y a líderes y partidos de oposición.Regímenes autoritarios (valores menores o iguales a 4): Prácticamente no hay pluralismo político. Algunos países incluso son abiertas dictaduras. Las instituciones democráticas, de existir, son débiles. Las elecciones, si ocurren, no son justas ni imparciales. Se suelen atropellar las libertades civiles. Los medios están bajo el control del Estado o el grupo de poder dominante. Hay represión y censura. El Poder Judicial está subordinado.
Por Ximena Torres y Yanina Paula Nemirovsky (Fundación Avina)
Referencias: Democracy Index, 2020.
El contenido de esta publicación no refleja la posición de la Fundación Avina sobre el tema.
