Antonio Gustavo Gómez es Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y desde ese rol, entre otras causas, se especializa en investigar delitos ambientales. Pero antes de radicarse en el norte, fue durante quince años Fiscal Federal de la patagónica provincia de Chubut. Gómez tiene una larga trayectoria en temas de derecho penal ambiental­ y conversó con InnContext sobre su experiencia en la persecución de delitos ambientales, la legislación existente en Argentina y en América Latina y la importancia del involucramiento de la ciudadanía como querellante para llevar adelante causas penales por este tipo de delitos.

Antonio Gustavo Gómez es Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, en Argentina, y desde ese rol, entre otras causas, se especializa en investigar delitos ambientales. Pero antes de radicarse en el norte, fue durante quince años Fiscal Federal de la provincia patagónica de Chubut. Gómez tiene una larga trayectoria en temas de derecho penal ambiental­ y conversó con InnContext sobre su experiencia en la persecución de delitos ambientales, la legislación existente en Argentina y en América Latina y la importancia del involucramiento de la ciudadanía como querellante para llevar adelante causas penales por este tipo de delitos.

La Constitución de un país es el principal proyecto colectivo de una sociedad. Es por eso que esa sociedad tiene que tener una constitución que se le parezca. Que se parezca a sus diversidades, a sus anhelos, a su inteligencia colectiva y a sus hijos y nietos todavía no engendrados. Parecerse desde la paridad de derechos y desde la igualdad de acceso a oportunidades. En definitiva, acercarse al respeto de la dignidad humana, es lo que hace que una constitución no convierta a las personas en iguales (lo que sería imposible), pero sí en pares (lo que sería deseable).

El 21 de abril, Manuel Pulgar Vidal, ex Ministro de Ambiente de Perú y Presidente de la COP20 (la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas), conversó con InnContext en un encuentro virtual abierto sobre la relación entre la crisis climática y la crisis del COVID-19 y las alternativas para superar ambas. El encuentro fue moderado por Ramiro Fernández, Director Programático de Fundación Avina, y contó con la participación de Iván Arnold, Director de Nativa, y Paula Ellinger, Gerenta Programática de Fundación Avina.

Desde que se desató la pandemia del COVID-19, casi de forma unánime, el aislamiento ha sido la principal medida de contención. La falta de una cura exige al mundo la adopción de medidas preventivas, no ya como la mejor opción para frenar la expansión de la enfermedad, sino como la única. En este contexto dinámico y de condiciones cambiantes, en las distintas regiones se adoptaron estrategias muy diversas para implementar el aislamiento social, algunas de ellas con resultados destacables.

La implementación del Acuerdo de París depende de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, el financiamiento internacional es de vital importancia para asegurar el cumplimiento de las metas condicionales de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) de países en desarrollo, es decir, aquellas metas que están condicionadas a la posibilidad de obtener financiamiento de fuentes externas y no de los propios presupuestos nacionales.