InnContext inicia con esta entrega la serie Mujeres que abren caminos, un conjunto de entrevistas en profundidad protagonizadas por mujeres latinoamericanas que, desde su inteligencia, valores, coraje, amorosidad, integridad, convicción y compromiso con el bien público abren nuevas puertas a lo posible. Laura Muñoz vivió en carne propia lo que significa que el sistema de protección de denunciantes de corrupción y el poder de la mafia conviertan al testigo en la víctima de su propia denuncia. Luego de más de diez años, los denunciados fueron condenados y Laura impulsa ahora iniciativas para que los testigos que deciden denunciar, no vivan el infierno que ella padeció.

El río Pilcomayo provoca inundaciones con frecuencia, creando un desastre recurrente que causa pérdidas de vidas y pertenencias para las comunidades rurales de la región del Gran Chaco en Sudamérica. A diferencia de la mayoría de los ríos, hasta un tercio del volumen del Pilcomayo durante las crecientes está compuesto por sedimentos y su trayectoria durante la temporada de lluvias es impredecible. Cuando el río lodoso desborda sus orillas, deposita ese sedimento en enormes montículos de lodo, a veces enterrando casas y automóviles. Más allá del río, el Gran Chaco es una región árida que se extiende desde el centro de Argentina, el occidente de Paraguay y el las tierras bajas del sureste de Bolivia. Aquí habitan más de 7 millones de personas (8% pertenecientes a pueblos indígenas), muchas de las cuales se dedican a la agricultura, la ganadería, la apicultura y la artesanía. Durante las últimas dos décadas, el cambio climático, —agravado por la deforestación masiva para cultivos industriales y para desarrollar ganadería pampeana— ha amenazado enormemente estos medios de vida. Las sequías son cada vez más largas y frecuentes, y la temporada de lluvias ya no es confiable. Cuando llega la lluvia, las inundaciones se apoderan del paisaje.

El sismo que viene soportando la democracia en el mundo tuvo en 2019 epicentro en Chile. La progresiva pérdida de la confianza en las instituciones y en el sistema democrático, la falta de credibilidad de los partidos políticos, las crecientes inequidades y la falta de mecanismos de participación ciudadana provocaron un estallido social a finales de aquel año, hoy transformado en un proceso social participativo de cara a una nueva Constitución.

La movilidad humana forma parte de la supervivencia de la especie. A través de la historia, ha sido fuente de auge de sociedades, desarrollo económico y riqueza cultural alrededor del mundo. El informe de movilidad humana 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que “Bien gestionada, la movilidad humana impulsa el crecimiento económico, reduce inequidades y conecta a sociedades diversas.

Existe una frase popular, atribuida a Mahatma Gandhi, que dice: “tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”. Y, por lo menos cuando se trata de acción climática, eso es posible. La crisis climática es uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad y el futuro de la vida en el planeta, tal y como la conocemos hoy, depende de que logremos superarlo. Eso significa cumplir la meta establecida por la ciencia de limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados, cifra que retumba ya no como la deseable, sino como la necesaria para evitar consecuencias catastróficas para la vida en el planeta.

El Índice de Democracia (Democracy Index), un termómetro que año tras año mide la temperatura de la democracia en los niveles nacional, regional y global, registró su peor medición desde 2006. Este índice es una herramienta desarrollada por la Unidad de Inteligencia de The Economist que se usa para evaluar la calidad de los procesos democráticos y de las instituciones gubernamentales en 167 países.

El cambio de administración federal de los Estados Unidos, concretado el 6 de enero del 2021 con la toma de posesión del presidente electo, Joseph Biden, abre las puertas a nuevos interrogantes sobre las implicancias que podría tener sobre América Latina y el mundo un gobierno de signo demócrata. La salida de Donald Trump implica, por lo menos, un cambio en las narrativas: tras cuatro años marcados por discursos supremacistas de odio, el nuevo inquilino de la Casa Blanca trae consigo una retórica que se para en la vereda opuesta a la de su antecesor. Sin embargo, la dirección del nuevo gobierno es aún incierta y la región no tiene un posicionamiento conjunto frente a un Estados Unidos, que a su vez está atravesando una crisis institucional.

La carrera para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 está todavía en marcha. Actualmente, hay más de doscientas vacunas en desarrollo, de las cuales diez están en fase 3, lo que significa que están siendo probadas a nivel masivo. Muchos países, principalmente de Europa, ya han comenzado campañas de vacunación en su población de mayor riesgo con alguna de esa decena de vacunas, a pesar de no haber sido aprobadas para su uso general. El aumento de casos en el mundo y la experiencia del 2020 ha forzado a muchos países a emitir aprobaciones de emergencia para poder vacunar a la población. No obstante, en este contexto de crisis, de salud pública, por un lado, y económica, por otro, debido a los efectos devastadores de las medidas de aislamiento, el acceso pleno y equitativo a las vacunas todavía no está garantizado: activistas que integran una coalición de organizaciones que reclaman una vacuna universal advierten que 9 de cada 10 personas de países pobres no tendrán acceso a una vacuna contra el COVID-19 a lo largo del 2021.

Son numerosas las elecciones que arrojan clarísimos triunfos de los candidatos presidenciales, pero luego, analizando las gestiones de los gobiernos, surge un gran interrogante: ¿por qué no pueden gobernar con la misma claridad con la que ganaron? El desafío es tan complejo como la sociedad misma, pues se presenta una serie de factores coyunturales que el presidente electo deberá comenzar a resolver antes de asumir el mandato, si es que desea, además de ejercer el gobierno, detentar el poder.

Existe un antídoto para rescatar las democracias latinoamericanas del coma inducido en que se encuentran: la participación ciudadana. Parece un cuento trillado o una utopía imposible, como cualquier utopía, pero no lo es: es una demanda que se expresa en los grandes reclamos sociales y que podría resumirse en una manifiesta voluntad de incidencia de la ciudadanía sobre los espacios de poder. Hoy en día, esa voluntad, que toma las calles y ocupa los espacios virtuales, está comenzando a traducirse en iniciativas concretas que abren las instituciones estatales a la participación ciudadana en niveles que trascienden la emisión de un voto. En Brasil y en Colombia se están implementando dos iniciativas nacidas de la sociedad civil que buscan abrir espacios para la participación ciudadana que le permitan incidir en los temas centrales de la agenda pública. Son los casos del Laboratorio de Concejo Abierto (en adelante DemoLab), en Bogotá, y la Red de Advocacy Colaborativo (en adelante la RAC), en Brasil.