La reciente adopción del nuevo Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo en plataformas digitales marca un punto de inflexión para millones de personas trabajadoras en todo el mundo. Este hito no solo reconoce los desafíos emergentes del trabajo en la economía digital, sino que también establece un piso global de derechos en un sector históricamente caracterizado por la precarización y la falta de regulación. 

En este proceso, la articulación de actores y la incidencia estratégica han sido determinantes. 

Un rol de articulación para amplificar voces 

Durante el proceso normativo, AVINA desempeñó un rol de articulación, contribuyendo a que las voces de las personas trabajadoras —especialmente de las mujeres— estuvieran presentes y fueran escuchadas. 

Desde este lugar, AVINA impulsó la participación de distintos actores, facilitó la coordinación entre organizaciones y generó puentes entre movimientos de trabajadores y otros espacios de diálogo dentro del ecosistema laboral. Este trabajo contribuyó a fortalecer la incidencia colectiva en un proceso altamente complejo y de alcance global. 

Las organizaciones aliadas cumplieron un papel fundamental en este recorrido. Su contribución fue clave para sostener el proceso a lo largo del tiempo, aportando evidencia, acompañamiento técnico y legitimidad. Además, fueron determinantes en posicionar las demandas concretas de las personas trabajadoras dentro del debate normativo, asegurando que las discusiones reflejaran las realidades del trabajo en plataformas. 

Un Convenio que redefine el piso de derechos 

La adopción del Convenio representa un avance sin precedentes al establecer, por primera vez, un marco global de derechos para el trabajo en plataformas digitales. 

Entre sus principales logros destaca el reconocimiento de que todas las personas trabajadoras —independientemente de su estatus contractual— deben gozar de derechos fundamentales, obligando a los Estados a garantizarlos de manera efectiva. 

El Convenio también introduce estándares clave en materia de salud y seguridad, incluyendo el derecho a rechazar tareas peligrosas sin represalias, así como medidas específicas para prevenir y enfrentar la violencia y el acoso, incluso cuando ocurren en entornos digitales o provienen de terceros. 

Asimismo, aborda problemas estructurales del modelo de plataformas, como la clasificación errónea del estatus laboral, el pago completo y oportuno, y el acceso a la seguridad social. En un avance particularmente relevante, incorpora disposiciones sobre gestión algorítmica, garantizando mayor transparencia, explicaciones sobre decisiones automatizadas y la posibilidad de revisión humana, además de la protección de datos personales. 

El Convenio también prohíbe las desactivaciones arbitrarias, incorpora medidas específicas para proteger a personas trabajadoras migrantes y contempla el acceso a mecanismos efectivos de resolución de conflictos. 

En conjunto, establece un piso mínimo de derechos a nivel global que responde a demandas históricas de quienes trabajan en plataformas. 

Los retos por delante: de la norma a la realidad 

Tras su adopción, el principal desafío será lograr una ratificación amplia y sostenida por parte de los Estados, seguida de su traducción en marcos normativos nacionales. 

Más allá de la adopción formal, será clave asegurar mecanismos robustos de implementación y supervisión que garanticen el cumplimiento efectivo de estos derechos, especialmente en contextos donde la institucionalidad laboral es más débil o donde existe presión por limitar la regulación. 

Otro reto fundamental será evitar que la implementación diluya los estándares acordados. El objetivo es que este nuevo marco no quede en el papel, sino que se traduzca en mejoras concretas en las condiciones de trabajo. 

Una agenda de colaboración para la implementación 

En esta nueva etapa, se abre una oportunidad significativa para fortalecer la incidencia colectiva en torno a la ratificación y puesta en marcha del Convenio. 

Las personas trabajadoras organizadas tendrán un rol central, tanto en la promoción de reformas como en el monitoreo de su cumplimiento. Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades de colaboración entre sociedad civil, sindicatos, academia, sector público, sector privado y organismos internacionales. 

Estos actores podrán co-diseñar herramientas, lineamientos y mecanismos que aseguren una implementación efectiva, apoyándose en la generación de evidencia, el seguimiento ciudadano y procesos de formación. 

El desafío ahora es construir coaliciones amplias que permitan traducir este estándar global en cambios reales en la vida de las personas trabajadoras. 

Un paso clave para el futuro del trabajo 

Este Convenio cobra aún mayor relevancia en el contexto del futuro del trabajo. 

La transformación digital está redefiniendo las relaciones laborales y plantea preguntas fundamentales sobre derechos, protección social y equidad. En este escenario, establecer reglas claras para la economía de plataformas no solo responde a una deuda histórica con millones de trabajadores y trabajadoras, sino que también sienta las bases para una transición digital más justa. 

Se trata de asegurar que la innovación tecnológica avance de la mano con el respeto a los derechos laborales, la inclusión y la protección social. 

En ese camino, iniciativas como esta consolidan un mensaje clave: 

el futuro del trabajo no puede construirse sin los derechos al centro.