Muchos países tienen pendiente elaborar e implementar los planes nacionales de adaptación para identificar y evaluar los efectos negativos del cambio climático y planificar cómo gestionarlos y luchar contra este fenómeno.

Ecuador, si bien había establecido en el año 2012 la Estrategia Nacional de Cambio Climático que planteaba la necesidad de contar con un Plan Nacional de Adaptación, no había podido avanzar en su construcción para dar respuestas sostenibles a la adaptación climática.

Tras un proceso de formulación que comenzó en 2019 y finalizó en 2023, y que contó con una amplia participación de diversos sectores, el gobierno ecuatoriano, a través de la Subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), presentó su primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA) para el período 2023-2027. El Plan es un instrumento clave para construir resiliencia, reducir el riesgo climático y aumentar la capacidad de adaptación de los territorios frente a los efectos adversos del cambio climático. Con la promulgación del PNA, Ecuador no solo avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sino que también establece las directivas que permitirán asegurar la protección de los sectores sociales y los ecosistemas más vulnerables.

El Plan aporta información indispensable para el diseño de medidas de adaptación, como proyecciones climáticas y datos hidrometeorológicos. En particular, el sector de producción de alimentos, uno de los más sensibles al cambio climático, cuenta con instrumentos propios de medición, ya que el PNA fue desarrollado a la par del Marco Regulatorio de Medición, Reporte y Verificación para la adaptación del sector, lo que le permitirá al país evaluar avances y refinar estrategias.

Fundación Avina participó en el proceso de diseño del PNA proporcionando asesoramiento y colaborando con la construcción colectiva con inteligencia contextual, posicionamiento y visión estratégica. A nivel técnico, facilitó aportes clave al plan y a la estrategia general de adaptación climática por medio de: a) un estudio de riesgo climático del sector de soberanía alimentaria, agricultura, acuicultura y pesca; y b) la formulación -junto con otros actores- del Marco Regulatorio de Medición, Reporte y Verificación para la adaptación del sector Agricultura. Estos aportes fueron relevantes para caracterizar el territorio y el sector agropecuario mayoritariamente compuesto por agricultura familiar y campesina, la cual no había sido visibilizada como vulnerable ante el cambio climático en instrumentos de política climática anteriores.

De este modo, Ecuador cuenta con un marco normativo imprescindible para una planificación económica y territorial orientada a construir resiliencia y a consolidar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.