La nueva Ley General de Aguas representa una oportunidad histórica para garantizar el derecho humano al agua en México. Fundación Avina y diversas organizaciones sociales llaman al Congreso a reconocer el papel fundamental de las comunidades en la gestión del agua. 

En el Congreso mexicano se discute actualmente una nueva ley general de aguas, que podría marcar un antes y después en la historia del país. Esta iniciativa representa una oportunidad histórica para garantizar el acceso seguro al agua y saneamiento para todas las personas, especialmente comunidades rurales e indígenas. 

Sin embargo, desde Fundación Avina advertimos que esta ley debe de reconocer efectivamente a quienes durante décadas han hecho posible el acceso al agua en miles de comunidades: las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS). 

En muchos territorios de México, son las vecinas y vecinos organizados a través de comités, patronatos o juntas de agua, quienes gestionan el suministro de agua donde el Estado no llega. Esto lo hacen con esfuerzo y mucha solidaridad, representando la base viva del derecho humano al agua y un ejemplo de gobernanza democrática y sostenible del recurso. 

“Las OCSAS son parte esencial para lograr el acceso para todas las personas. No reconocerlas sería invisibilizar a las comunidades que han sostenido el acceso al agua por décadas”, expresa Florencia Iacopetti, gerente del Programa Agua en Fundación Avina.  

Los ajustes propuestos al Congreso, junto a 20 organizaciones sociales de agua y saneamiento, buscan garantizar una gestión justa y participativa del agua: 

• Que la ley reconozca a las OCSAS como prestadoras de servicios sociales no lucrativos de agua y saneamiento. 

• Que las OCSAS puedan acceder a fondos y programas públicos, reconociendo su personalidad jurídica, y así reciban financiamiento y apoyo técnico para mejorar sus sistemas y asegurar la calidad del agua. 

• Que se prohíba a operadores externos sustituir a las OCSAS sin el consentimiento de la comunidad, garantizando su autonomía. 

Ignorar a las OCSAS pondría en riesgo el sentido mismo de la nueva ley, garantizar el derecho humano al agua para todas las personas, quedaría en una nueva promesa vacía para más de 20 millones de mexicanos en zonas rurales e indígenas. El agua es vida, y su gestión debe realizarse bajo principios de justicia, democracia y derechos humanos.  

“Exigimos a las y los representantes del Congreso que reconozcan el trabajo, la autonomía y sabiduría de las comunidades. Solo con inclusión y respeto podremos construir una ley que proteja el agua como bien común esencial”, destacó Margarita Gutiérrez, coordinadora de iniciativas de del programa Aagua en México de Fundación Avina. 

Súmate a la acción. El derecho humano al agua es también reconocer el trabajo comunitario. Desde Fundación Avina invitamos a todas las personas y organizaciones a informarse y difundir esta causa, conociendo la propuesta de ajustes de ley presentada al Congreso en el Comunicado Reconocimiento ¡YA! y apoyar esta iniciativa firmando y compartiendo la petición para respaldar la voz de las comunidades: https://c.org/xJLd2RRsrF